Perla entre inestabilidad. En un contexto regional lleno de conflictos, Yibuti se erige actor de interés para China o EE UU. Sin petróleo o gas y con mucho suelo desértico, el atractivo del país africano se entiende por el comercio, pero también en su estabilidad.
En un mundo globalizado, que el perfil de un pequeño país africano de 23.200 kilómetros cuadrados -una superficie equivalente a la de la Comunitat Valenciana- refleje un terreno desértico en el que apenas crecen cultivos, donde la industria es mínima y las reservas de petróleo o gas, inexistentes; resultaría un obstáculo prácticamente insalvable a nivel económico y una limitación trascendental a la hora de atraer el interés de las grandes potencias. Sería así en la mayoría de casos, pero no en la República de Yibuti, donde una realidad se impone hoy por encima de las desventajas: su situación geoestratégica.
Enclavado en el Cuerno de África, este Estado de menos de un millón de habitantes liderado desde 1999 por Ismaïl Omar Guelleh ha hecho de su localización su mejor baza. Su posición privilegiada entre el mar Rojo y el golfo de Adén -y con acceso directo, por tanto, al estrecho de Mandeb- lo hacen ser un enclave vital en el eje de una ruta ligada al canal de Suez por la que se estima que pasa más de un cuarto del comercio marítimo mundial y buena parte de los recursos energéticos que utiliza Europa. «Esta vía es una de las principales de cara al suministro de petróleo que viene del golfo Pérsico» rumbo al Mediterráneo, sintetiza sobre unos de sus puntos clave el investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB y miembro del Grupo de Estudios Africanos de la UAM, Josep María Royo, sobre un contexto que coloca a Yibuti en una situación «exclusiva». La explicación, sin embargo, va más allá de lo económico.
Dentro de una coyuntura regional muy inestable marcada por la guerra de Yemen, la escalada de tensiones en el norte de Etiopía o el conflicto en Somalia, la antigua colonia francesa se ha convertido en una alternativa de máximo valor dentro del tablero geopolítico mundial. En esa relevancia se entiende que, separadas por tan solo once kilómetros, las dos grandes potencias -Estados Unidos y China- tengan establecidas sus bases militares, siendo además en el caso del gigante asiático la primera fuera de sus fronteras. O que otros países, desde Italia a la propia Francia, pasando por Japón o Arabia Saudí hayan elegido también el suelo yibutiano como enclave de interés para sus instalaciones. «Las bases que se han establecido ponen de relieve la importancia de Yibuti, sobre todo porque es un pequeño país con el que negociar es relativamente fácil. Solo tiene un coste económico [para el país que establece la base] pero a cambio se garantiza un acceso directo al mar Rojo», remarca Royo.
Pieza en la batalla geopolítica
En el caso chino, sin ir más lejos, los intereses se entienden tanto desde una perspectiva económica -a través de una conexión ferroviaria Pekín ha unido la (homónima) capital de Yibuti con Etiopía, suponiendo para este último país una conexión insustituible a nivel comercial de la cual se beneficia Pekín- como militar, especialmente gracias a las sucesiones ampliaciones del puerto de Doraleh. En este sentido, según publicaba en abril el periódico militar estadounidense ‘Stars and Stripes’, la jefatura del Comando África de EE UU (Africom) aseguraba que la base del gigante asiático ya es lo suficientemente amplia para albergar portaviones, un punto de incertidumbre más para la flamante Administración Biden en medio de las continuas tensiones con China en otros contextos como el de Taiwán que, sin embargo, para el miembro del Grupo de Estudios Africanos de la UAM no debería acabar en un conflicto. «No se puede descartar ningún escenario pero en este caso la estabilidad es de interés mutuo y cualquier disputa comercial o incluso geoestratégica entre China y EE UU en Yibuti debería quedar al margen», asegura Royo. La zona y el interés por su seguridad, además, representa un punto clave no solo para Pekín y Washington, sino también para el resto de grandes actores globales. Y la pandemia de la covid
-donde Yibuti ha sido uno de los primeros países africanos en obtener vacunas- se ha convertido en la última prueba de su trascendencia.
En este contexto de relevancia, más allá de protegerse ante las terribles consecuencias que un contratiempo comercial a gran escala en la región podría implicar, el establecimiento de instalaciones de potencias extranjeras también está encontrando su atractivo en la capacidad de influir desde su posición en buena parte de los países de África septentrional y Oriente Medio, pudiendo tener una mayor operatividad a la hora de llevar a cabo misiones contra el terrorismo. A ello se añade como explica Royo «la lucha contra la piratería», cuyos ataques y secuestros de buques en las cercanías al Cuerno de África «se han reducido casi a cero» gracias a las importantes acciones llevadas a cabo por la OTAN, EE UU, China, Rusia, India o la Unión Europea, esta última a través de la ‘Operación Atlanta’, en la que España hoy participa con casi 300 efectivos.
Realidad interna desigual
Pero el crecimiento de la presencia extranjera en el país está llevando consigo también una dicotomía peligrosa. Como analiza el experto, «el presupuesto del Gobierno de Yibuti sería ínfimo, sería un Estado colapsado, si no tuviera los ingresos de estas presencias militares», un beneficio que sin embargo está provocando complicadas consecuencias -aumento del precio de la vivienda, expulsión de la población de la capital…- que pueden desembocar en una «mayor relevancia de la voces opositoras que cuestionan al presidente y a la élite gobernante».
En este sentido, Yibuti es un país gobernado con puño de hierro por Guelleh desde hace más de dos décadas -a través de cuestionados procesos electorales, el último este mismo abril con el 97 % de apoyos para el presidente- caracterizadas, según reflejan organizaciones internacionales como Freedom House o Reporteros Sin Fronteras, por la corrupción, los beneficios económicos exclusivos en las clases dirigentes y la represión a los que se suman la falta de independencia judicial y de libertades. «Si hubiera una postura conjunta de cara a presionar [a Yibuti] en términos de los derechos humanos, de desarrollo del país, cómo revertir la riqueza de esta presencia exógena… se podrían producir cambios», analiza Royo quien pese a ello cree que a corto plazo las potencias apostarán por seguir «cuidando y protegiendo» el enclave como hasta ahora.
