Francisco I cumplirá el próximo marzo nueve años al frente de la Iglesia católica. Su pontificado, marcado entre otros focos por un progresivo avance en el papel de la mujer dentro de la institución o el desmantelamiento de la opaca estructura financiera vaticana que durante años maquinó en las sombras, no ha sido nunca indiferente para seguidores y críticos, enzarzados en una lucha de poder de imposible equilibrio.
Sin embargo no es la batalla interna, sino una lacra con raíces mucho más antiguas a la llegada del papa argentino, la que con frecuencia ha hecho temblar los cimientos de la Santa Sede: los cientos de miles de menores que durante décadas y por todo el mundo fueron abusados física y sexualmente por religiosos. Son las «atrocidades» contra niños, como el mismo Francisco reconoció en una carta pública en el verano de 2018, por las que el papa ha expresado en numerosas ocasiones su «vergüenza y arrepentimiento» como máximo líder eclesiástico, aunque ello no impida que estas sigan aflorando en investigaciones internas o externas a la institución católica.
Canadá, en un viaje con fecha próxima pero aún no confirmada, será el último destino al que el pontífice acudirá para implorar perdón por un escándalo. El motivo tras el mismo, los miles de niños indígenas víctimas de abusos que fallecieron entre mitad del siglo XIX y finales del XX en internados católicos, sucesos investigados desde hace años pero que en los últimos meses han tenido pruebas fehacientes en los terrenos de antiguas escuelas religiosas de todo el país con el hallazgo de cientos de tumbas con restos humanos.
No obstante, la tragedia canadiense —reconocida por los propios obispos del país, quienes en un comunicado este septiembre reflejaron su «remordimiento y disculpa inequívoca» por lo acontecido— tan solo es, pese a su dureza, el último episodio en torno a una Iglesia salpicada por la ocultación —y en numerosos casos, también por la impunidad debido a la prescripción de los delitos o el fallecimiento de los abusadores—de la pederastia.
Encubrimiento y perdón papal
A comienzos de siglo, en Estados Unidos, fue una investigación del Boston Globe —plasmada en 2015 en la galardonada película ‘Spotlight’— la que permitió destapar los abusos de 87 curas, violaciones que durante años fueron encubiertas —trasladando, por ejemplo, a los sacerdotes implicados de parroquia en parroquia con total impunidad— por el arzobispo de Boston, Bernard Francis Law, quien pese a todo acabó sus días en Roma sin haberse enfrentado a los tribunales. Eso sí, los hechos descubiertos sirvieron como un primer paso antes del conocido como Informe John Jay, que registró acusaciones contra 4.392 religiosos del país por pederastia entre 1950 y 2002.
Años más tarde sería otro texto, esta vez de la Corte Suprema de Pensilvania, el que señalaría a 300 «sacerdotes depredadores» por abusar de más de 1.000 menores solo en ese Estado de EE UU. La contundente sentencia llevaría a la misiva de Francisco en 2018 con un mensaje claro, considerado por muchos como tardío, de la responsabilidad eclesiástica en los abusos sexuales por todo el mundo: «Hemos descuidado y abandonado a los más pequeños […] No supimos estar donde teníamos que estar», una afirmación que ha acabado reforzada a inicios de este mes de noviembre, cuando el pontífice llamó a «una formación renovada de los religiosos que trabajan con niños» para «evitar que tales situaciones [los abusos] se repitan».
Una realidad «endémica»
Porque la pederastia, en muchos casos, funcionó de manera sistémica durante décadas en puntos de todo el mundo. En Irlanda, en 2009 y siguiendo investigaciones anteriores, la Comisión Ryan plasmó que las violaciones eran «endémicas» en las instituciones católicas irlandesas y que al menos 1.500 menores fueron víctimas de sacerdotes abusadores.
La cifra en el país, sin embargo, sumando otras indagaciones, podría llegar casi a los 15.000 casos. Y no es un escenario único. Mientras en territorios como Países Bajos o Bélgica son centenares las denuncias que se han ido sumando en los últimos años contra eclesiásticos, Alemania y, especialmente, Francia se han convertido en los enclaves de los últimos golpes por pederastia que han sacudido la institución.
En el caso teutón, un informe conocido el pasado marzo que afectaba a la archidiócesis de Colonia —la más importante del país— detalló que 314 menores, la mayoría con menos de 13 años, habían sufrido desde mediados de los 70 a 2018 violencia sexual a manos principalmente de miembros del clero. Tres años antes de estos resultados, otra investigación encargada a tres universidades por la Conferencia Episcopal alemana ya había probado que 1.670 religiosos de todo el país abusaron de al menos 3.677 niños entre 1946 y 2014.
En paralelo, en Francia —un país todavía marcado por el caso Barbarin, donde el antiguo arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, fue inicialmente condenado (aunque posteriormente fuese absuelto en el proceso de apelación) a seis meses de cárcel por encubrir los abusos cometidos contra menores por un sacerdote entre los años 80 y los 90—, los obispos han reconocido este noviembre la «responsabilidad» de la Iglesia gala en los abusos.
Días antes, un demoledor estudio de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) había señalado que alrededor de 216.000 menores habían sido agredidos por religiosos desde 1950, un número que se elevaba a 330.000 si se contabilizaban los de los laicos que trabajaron en las instituciones católicas. Para cubrir las compensaciones a las víctimas —una consecuencia que, en todo el mundo, ha supuesto ya miles de millones de euros de costes para la Iglesia—, la Conferencia Episcopal gala ya ha anunciado que recurrirá tanto a la venta de sus bienes e inmuebles como a un préstamo.
Rechazo de España e Italia
Pero mientras gran parte de la Iglesia de los países europeos —el último Portugal, cuyos obispos prometieron esta pasada semana averiguar la «verdad histórica» de los abusos— indaga, Italia y España mantienen sus reticencias a llevar a cabo una investigación interna o externa de los mismos. El propio portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, señalaba este pasado septiembre que no se iba a hacer «de manera proactiva un programa de investigación general».
Meses antes, la cifra aportada por la Iglesia española tan solo anunció, en dos décadas, 220 casos de abusos por parte de clérigos, un número exiguo para la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes que calificaron la revelación de «insulto a las miles de víctimas».
A esta escasez de investigación se suma, además, no solo una ausencia de disculpa de los responsables españoles por los abusos, sino también la falta de medidas en otros frentes como, por ejemplo, prohibir —como ha hecho la Archidiócesis de Los Ángeles— el uso de las canciones del fallecido sacerdote Cesáreo Gabaráin —acusado de abusar de al menos 17 menores—, una inacción completa de la Iglesia española ante una lacra sistémica a la que la sociedad global y el propio Francisco reiteran su voluntad de decir basta.
