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Aumento de precios disparado

El fantasma de la inflación galopante recorre América Latina

El aumento de los precios internacionales del petróleo y los alimentos amenaza con convertirse en fuente de conflictos sociales en la región | Desde hace 15 años, América Latina no enfrentaba trastornos inflacionarios de esta naturaleza

Una persona acude a comprar a un mercado en Buenos Aires con precios elevados por la inflación. EFE

Los camioneros chilenos bloquearon las carreteras por los inéditos costes del combustible. El presidente peruano, Pedro Castillo, enfrentó un estallido social por razones análogas. El 74% de los brasileños reconoce haber reducido sus gastos porque no pueden seguir la carrera de los precios, la más vertiginosa de los últimos 27 años. Las penurias se acentúan en una economía de la escasez como la de Cuba y Venezuela. Un mismo fantasma recorre América Latina: el de la inflación galopante. Los efectos residuales de la pandemia, las crecientes sequías y la guerra en Ucrania no solo desbaratan el horizonte de crecimiento: amenazan, a su vez, con convertirse en el motor de nuevas protestas de los sectores más desfavorecidos en una región con 201 millones de pobres.

El titular del Banco Mundial, David Malpass, calculó que "por cada punto porcentual de aumento en los precios de los alimentos, se espera que 10 millones de personas caigan en la pobreza extrema". La predicción se siente en carne propia y casi todo se equilibra hacia abajo: la clase media corre el riesgo de convertirse en clase media baja, la clase media baja pasa a formar parte del universo de pobres.

Hace 15 años que América Latina no enfrenta un trastorno de esta naturaleza. La inflación general podría perforar el techo del 11,2% en 2022, frente a un 9,8% del año precedente. El aumento del coste de la vida es desigual en los países. Durante los últimos 12 meses, la inflación de Brasil ha sido del 12%, frente a un 9,4% de Uruguay y Chile, una cifra desconocida desde 2008; un 8,5% en Colombia, 7,4% en México, 6,8% en Perú.

Los efectos de la guerra en Ucrania

Lo de Argentina, Cuba y Venezuela es de otro nivel de gravedad: 59,2%, 77,3% y 284%, respectivamente. El Gobierno argentino debe volver a pactar sus metas inflacionarias con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los términos del acuerdo que le permitió refinanciar 45.000 millones de dólares contraídos durante la Administración del presidente Mauricio Macri, en 2018, estallaron en el aire a partir de la invasión rusa de Ucrania y el descalabro en los precios internacionales de la energía y los alimentos.

Según el FMI, esta nueva realidad obliga a corregir las perspectivas de crecimiento regional. El 2022, cerraría, si los problemas no se agravan, con una subida del PIB del 2,5%, un número insuficiente para sacar a millones de latinoamericanos de la postración social. El organismo reconoció que la inflación se devora a un ritmo trepidante el poder de compra, en especial de los sectores más vulnerables. El FMI consideró que, para "garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión" los gobiernos deberían proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajos ingresos mientras que los precios internos se ajustan "en función de los precios internacionales". Los ortodoxos técnicos del FMI admiten que el gasto público es, en este contexto, un arma de doble filo: aleja la posibilidad de una convulsión, pero a un alto coste para el fisco.

Una dificultad que excede las ideologías

El Gobierno de ultraderecha de Brasil quiere incrementar el auxilio a millones de familias pobres, en la actualidad de 75 euros mensuales. Más allá de las razones electorales -en octubre Jair Bolsonaro se juega su sueño de mantener en el poder-, lo cierto es que ese dinero ya no tiene la misma utilidad que meses atrás. En Argentina, el presidente peronista Alberto Fernández decidió que se aumente un 50% la ayuda alimentaria que, a través de una tarjeta, permite a 4,1 millones de personas contar con 96 euros cada mes. A su vez, los sindicatos y la patronal se han visto obligados renegociar las pautas de aumentos salariales que habían pactado. Nada se parece a lo que se había previsto.

Las autoridades económicas chilenas buscan por su parte reajustar en 56 euros el salario mínimo, para que llegue a los 427 euros. En caso de que la inflación acumulada este año supere el 7%, la escala más baja de la mensualidad se llevará a 458 euros.

La excepción que confirma la regla

El coste de la vida acumulado en Bolivia durante el primer trimestre es de 0,4%. El país andino, que en 1985 llegó a padecer una hiperinflación de 60.000%, y acumula un profuso historial de situaciones similares, tuvo en los últimos 12 meses un aumento de los precios del 0,77%. Desde los años de Evo Morales (2006-2019), y a partir de los recursos generados con la nacionalización parcial de los hidrocarburos, pudo mantener a raya al dólar y el valor de los productos de la cesta básica. Algunos especialistas se preguntan hasta cuándo durarán los días de equilibrio.

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