Saltó la alerta el pasado martes cuando se filtró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría anular la sentencia que establece el derecho constitucional al aborto.

Aunque la decisión judicial no es aún definitiva, hay quien ya ve en esa regresión de los derechos de las mujeres una posibilidad para hacer negocio vendiendo los datos de las que han acudido a clínicas de interrupción del embarazo.

El portal ‘Motherboard’ ha descubierto una empresa de gestión de datos que, a través de las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil, obtiene la localización de las personas. Con esa información pueden saber quién visita las clínicas en las que se practican abortos, cuánto tiempo permanecen ahí y dónde van después.

Esos datos son después vendidos a terceras partes. La empresa en cuestión se llama SafeGraph. Por tan solo 160 dólares (unos 151 euros), ‘Motherboard’ pudo comprar una semana de datos de localización de más de 600 locales de Planned Parenthood, una organización sin ánimo de lucro que provee servicios de salud reproductiva, educación sexual y de aborto en Estados Unidos y en otros países.

Curiosamente, el director ejecutivo de SafeGraph, Auren Hoffman, ha contribuido en los últimos años a financiar las campañas de políticos de extrema derecha y antiabortistas como Josh Mandel. Entre los inversores de esta tecnología también está el magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de PayPal, cercano a Donald Trump e impulsor del programa espía Palantir.

No es la primera vez que SafeGraph está en el ojo del huracán. ‘Motherboard’ ha destapado que la compañía rastreó decenas de millones de móviles estadounidenses y vendió esos datos a la Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para saber si los ciudadanos seguían las medidas de confinamiento.

Este ente público, encargado de batallar la pandemia del covid, pagó hasta 420.000 dólares por esos datos.

Decisión final en junio o julio

La Corte Suprema de EE UU –en manos de la mayoría conservadora apuntalada por Trump– señaló que el borrador filtrado el martes es «auténtico», pero matizó que no supone su «posición final», que se espera entre junio y julio. La sentencia del caso Roe contra Wade, de 1973, sentó el precedente que legalizó el aborto a nivel federal. Confirmar su anulación supondría poner fin a casi 50 años de este derecho.

Aún así, el derecho a la interrupción del embarazo vive desde hace meses una importante regresión en los estados más conservadores. Entre otros, es el caso de Texas, que ilegalizó el aborto a partir de las seis semanas. Esa criminalización ha forzado a algunas mujeres que viven en esos estados –las que pueden permitírselo– a viajar a otros estados donde el acceso es más fácil.

Es en estos casos que los datos de localización pueden ser clave para identificar a las mujeres que abortan y las clínicas que prestan ese servicio. Ponerles cara y nombre podría ser una forma de perseguirlas, aún más si el Supremo opta por una prohibición total del aborto.

Hay estados como Misuri que estudian incluso prohibir prestar ayuda a otras personas a abortar en otros estados. Así, hay precedentes para pensar que esa herramienta podría servir como arma para que los activistas antiabortistas –cristianos evangélicos, muchos de ellos– rastreen a las mujeres que quieran abortar y a sus cómplices.