Una dictadura de Trump: ¿miedo exagerado?

Activar en cuanto llegue a la Casa Blanca la Ley de Insurrección, enmendada por última vez en 1871, que permitiría desplegar al ejército en suelo estadounidense para reprimir potenciales protestas, enviar soldados a actuar en labores policiales en ciudades gobernadas por los demócratas y a la frontera.

Nombrar inmediatamente a un fiscal general que comulgue con la idea de acabar con la independencia del Departamento de Justicia para poder perseguir a críticos, oponentes y a quienes considera que le fueron desleales durante su primer mandato.

Debilitar las protecciones que tienen decenas de miles de funcionarios del servicio civil para hacer una limpia e instalar a “guerreros conservadores” que le ayuden a desmontar el estado administrativo, que denosta como “estado profundo”.

“Vengarse” de la prensa. Poner más agencias del gobierno actualmente independientes bajo el control del Ala Oeste. Campos de detención de inmigrantes, deportaciones masivas y fin del asilo o del derecho de ciudadanía por nacimiento en el país...

Las prioridades en la agenda de Donald Trump si consigue en noviembre de 2024 volver a la presidencia de Estados Unidos cobran forma a través de los mensajes públicos y en privado del favorito republicano y de artículos de prensa que detallan la planificación de su potencial segundo mandato. Han hecho que salten las alarmas ante la radicalización de su propuesta, por el refuerzo de sus tendencias autocráticas y de su retórica violenta y viendo incluso la deriva hacia una idea que en las últimas semanas se ha hecho central en la conversación política en EEUU: una potencial dictadura.

Un extenso artículo-ensayo publicado el 30 de noviembre en 'The Washington Post' por el historiador Robert Kagan aseguraba que “una dictadura de Trump es cada vez más inevitable”. A la comentada pieza, que repasaba el debilitamiento de los controles y equilibrios que han servido como salvaguardias de la democracia y la continuada sumisión de un Partido Republicano que sigue postrado a los pies de Trump, se sumaron advertencias similares lanzadas por Liz Cheney en entrevistas, columnas y un libro. Se añadió también un especial de la revista ‘The Atlantic’, que en 24 ensayos englobados bajo “Si Trump gana” recorre un futuro de “graves y extremas consecuencias” tan distópico como posible, así como un sinfín de análisis y advertencias, tanto de progresistas como de republicanos moderados.

La alerta se acrecienta porque Trump, el expresidente que está imputado con 91 cargos en cuatro casos penales federales, el mandatario que rompió con la tradición democrática estadounidense e intentó revertir los resultados legales de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden y la transición pacífica de poder, es a día de hoy favorito indiscutible, a más de 50 puntos de ventaja de sus principales rivales en las primarias republicanas en la media de sondeos que mantiene Fivethirtyeight. Aventaja al presidente Biden en encuestas en estados bisagra que serán determinantes en noviembre. Y tanto en declaraciones como en estrategia, ya sea propia o la que preparan grupos aliados como ‘Project 2025’, está permitiendo aventurar ese potencial radical segundo mandato.

El lenguaje

Trump, sus aliados y defensores conservadores, acusan a los medios o a figuras como Kagan y Cheney de estar alimentando la paranoia, de exagerar, o de tomar en serio lo que dicen que son “bromas”, como la frase que el republicano pronunció en Fox News asegurando que sería “un dictador solo el primer día” (una frase que ofreció voluntariamente cuando el presentador Sean Hannity le había puesto en bandeja prometer que no abusaría de su poder y que luego ha vuelto a repetir).

La realidad es que está repitiendo una de sus tácticas que ya se han probado peligrosas, como la de usar un tono jocoso que contribuye a la insensibilización ante planteamientos extremistas o la de lanzar ideas antidemocráticas como la de que el general Mark Milley, que fue en su mandato jefe del estado mayor de la Defensa y fue uno de quienes le frenó en su primer mandato, debería ser “ejecutado por traición”.

“Si repites algo lo suficiente lo normalizas. Está haciendo que todo el mundo sea insensible al efecto que tendría si cumple lo que dice, que es su intención. Lo está volviendo una broma, que no significa que esté bromeando”, ha advertido Kim Lane Scheppele, profesora de sociología en Princeton.

Trump está también empleando lenguaje con más que ecos del de Adolf Hitler o del fascismo europeo. Ha lanzado reiteradamente, por ejemplo, la idea de que “los inmigrantes están envenenando la sangre del país” y ha prometido: “Eliminaremos de raíz a los comunistas, marxistas, fascistas y criminales de la izquierda radical que viven como alimañas en los confines de nuestro país”.

“La historia muestra que los autócratas siempre te dicen quiénes son y lo que van a hacer. Simplemente, no los escuchamos hasta que es demasiado tarde”, alertaba en unas declaraciones a ‘The New York Times’ Ruth Ben Ghiat, historiadora, estudiosa del fascismo y autora del libro “Strongmen: Mussolini to the present”.

Los planes

La prioridad absoluta de Trump en caso de volver a la Casa Blanca es elegir al fiscal general, que sería la persona clave para aplicar borradores que su equipo ya tiene preparados con planes para acabar con 50 años de precedente que tras el escándalo del Watergate han buscado garantizar la independencia del Departamento de Justicia. Se está alejando de juristas que considera demasiado “institucionalistas”, o blandos para hacer los cambios que persigue, distanciándose incluso de la conservadora Federalist Society, que fue clave en su primer mandato. Y busca nuevas alianzas para poder llevar a la práctica sus planes de investigar y perseguir a quienes considera rivales políticos o antiguos colaboradores desleales, entre quienes tiene especialmente señalados a Milley; John Kelly, que fue su jefe de gabinete; y William Barr, que actuó como su titular de Justicia.

“No necesitas cambiar de estatutos, sino de mentalidad”, ha explicado Russ Vought, uno de los aliados de Trump, que dirigió la oficina de Presupuesto y hoy está en el Center for Renewing America, uno de los laboratorios de ideas que se ha volcado de lleno en la preparación del posible segundo mandato. “Necesitas un fiscal general y una oficina legal de la Casa Blanca que no se vean a sí mismos intentando proteger al Departamento del Presidente”.

De ese mismo ‘think tank’ forma parte Jeffrey Clark, imputado en el caso federal en Georgia y señalado en el del asalto al Capitolio y que ahora lidera el trabajo para preparar la posible invocación de la Ley de Insurrección, otra de las acciones que Trump tiene marcadas entre sus prioridades y que es una de las que más preocupan a expertos como los del Brennan Center for Justice de la New York University.

Especial alerta provocan también los planes para alterar radicalmente el sistema del servicio civil, eliminando protecciones contra despidos arbitrarios de funcionarios y convirtiendo múltiples cargos en nombramientos políticos. Ese cambio, según distintos cálculos, podría afectar a 50.000 o incluso 100.000 funcionarios.

Trump y su equipo de asesores trabajan en los planes, pero también lo hace aunque sea de forma oficiosa un conglomerado etéreo de laboratorios de ideas y otros grupos conservadores, de la Heritage Foundation, detrás del Proyecto 2025 de Transición Presidencial, a America First Legal (de su exasesor Stephen Miller) o Conservative Partnership Institute (de su último jefe de gabinete, Mark Meadows). Están creando un manifiesto ideológico y desarrollan desde propuestas políticas, borradores de órdenes ejecutivas, informes y planes de transición que comparten con asesores de campaña y con el propio Trump hasta recomendaciones de personal. Y van ampliando una base de datos que ya han tildado como un “LinkedIn conservador” del que esperan que salga el ejército de “guerreros conservadores” que Trump necesita para acometer sus planes.

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