Amir Mir, Islamabad. efe
El Parlamento de Pakistán aprobó ayer una ley, boicoteada por la oposición islamista, que permitirá a las mujeres presentar pruebas como las de ADN para demostrar que han sido violadas, para lo que hasta ahora necesitaban el testimonio ocular de cuatro varones adultos.
La ley fue aprobada tras un día de debates en la Cámara y después de que el Gobierno rebajara su contenido para satisfacer a los islamistas, que la criticaron ayer como un intento de convertir Pakistán en una «zona de sexo libre».
La nueva norma introduce la prueba de ADN, entre otras de carácter científico, para que la mujer pueda demostrar una violación, para lo que hasta ahora requería que lo confirmaran cuatro testigos oculares que fueran varones musulmanes, adultos, «libres de pecado» y, por tanto, dignos de la confianza de los jueces. Y, además, si la mujer no lograba recabar esos cuatro testimonios, podía ser acusada de adulterio, un delito castigado con la muerte cuando concurren circunstancias agravantes.
5.200 encarceladas por adulterio
Entre los cambios más importantes se encuentra una modificación en las penas para aquellos acusados de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mientras antes los condenados se enfrentaban a la pena de muerte o a ser azotados, ahora podrían ser encarcelados hasta cinco años u obligados a pagar multas de 10.000 rupias (129 euros), explicó un responsable parlamentario.
En Pakistán, la ley considera adulterio cualquier intercambio sexual, aunque no sea consentido por la mujer, si el hombre no es su esposo.
La Comisión Nacional sobre el Estatus de la Mujer en Pakistán calcula que el 80% de las 6.500 féminas encarceladas lo están por las provisiones de la ley enmendada, que impide además su puesta en libertad bajo fianza.
Cada dos horas, una mujer es víctima de una violación en Pakistán y cada ocho horas de una violación múltiple, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos del país hecho público en 2002.
El primer borrador de la nueva ley, que enmienda la que está en vigor desde 1979, fue presentado por el Gobierno del general Pervez Musharraf en agosto pasado, y rechazado de inmediato por el opositor Muttahida Majlis-i-Amal (MMA), una alianza de seis partidos islamistas. Eso forzó al Ejecutivo a pedir el dictamen de un comité especial del Parlamento, que fue boicoteado por el MMA y por la Liga Musulmana de Pakistán que lidera el ex primer ministro Nawaz Sharif, formaciones que acusaron al Gobierno de estar cumpliendo una «agenda de Occidente para secularizar» el país.
No obstante, tanto el MMA como la Liga de Sharif escenificaron ayer su oposición a la ley retirándose de sus escaños a la hora de votar.
Mientras, Human Rights Watch se manifestó defraudada porque el Gobierno paquistaní no haya retirado del todo la ley, que no reconoce la violación en el seno del matrimonio y exigió que la ordenanza Hudood debería ser revocada en su totalidad.
