La Agencia Valenciana de Antifraude (AVAF) ha dictado una resolución donde hace constar que el Ayuntamiento de Pedralba ha establecido una serie de retribuciones fijas y periódicas en favor de concejales fuera del régimen de la dedicación exclusiva o parcial, sin alta en la seguridad social, que no se ajustan a derecho. Por eso, algunos miembros del equipo de gobierno que dirige la alcaldesa del PP, Sandra Turégano, habrían percibido asignaciones de entre 300 y 400 euros con una fiscalización que Antifraude cuestiona.
Sin embargo, la alcaldesa de Pedralba defendió que estas cantidades se perciben tal como recoge el informe de la secretaría municipal de 1987 sobre el que todavía se basan todos los gobiernos. Además, recuerda que en la página de Transparencia del Ayuntamiento de Pedralba «están todas las indemnizaciones de los concejales», aunque Antifraude les emplaza a que las publiquen de forma pormenorizada.
«Me sorprende que Antifraude diga ahora que no es correcta esta forma», señala. Pese a todo, Turégano contradice a Compromís y les recuerda que lo que la AVAF recomienda es «darles de alta en la Seguridad Social en dedicación parcial», y niega que la cantidad a devolver sea de 124.000 euros, como denunció Compromís. «La resolución dice que, como van a ser dados de alta en nómina y hay que abonarles la Seguridad Social con efecto retroactivo, no se puede cobrar por asistir a plenos y estar en nómina a la vez», señaló Turégano, por lo que devolverán la asistencia a los plenos entre julio de 2019 y enero de 2021, que en total son 1.780 euros.
Según pudo saber este diario, la asistencia a los plenos se cobra a 25 euros cada sesión; a la comisión de gobierno son 20 euros y a las comisiones informativas, 15 euros.
La elevada cantidad que señala Compromís es la suma de todas las retribuciones percibidas como indemnización durante los ejercicios de 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, de esos tres años Antifraude solo les emplaza a que les den de alta en la Seguridad Social con efecto retroactivo, no a devolverlas.
Antifraude concede un plazo de 3 meses para que el ayuntamiento informe al director de la Agencia sobre el inicio de los procedimientos para regularizar esta situación.
Productividades bajo lupa
El informe también hace referencia al cobro de productividades. Al parecer, 35 funcionarios habrían sido retribuidos con pagos extra no justificados bajo el concepto «Atrasos de complemento específico». El consistorio tendrá que acreditar estos incrementos y regularizarlos con el Reglamento de Productividades. Si no puede hacerlo, se pedirá que se devuelvan los ingresos indebidos.
La resolución también pide al ayuntamiento a publicar la formalización de los contratos de la pista de pádel y tenis en la plataforma de contratación. No solo eso: sobre la adjudicación sin concurso del gimnasio, el bar del polideportivo y la piscina, recomienda implementar un plan de actuaciones para dar cobertura contractual a estos servicios.
