La oposición de Benitatxell «salva» a la edil procesada por corrupción

De repente, la concejala independiente Nieves García, investigada por falsificación continuada y estafa y que tiene un pie en el banquillo (el magistrado ha decretado la apertura de juicio oral), es la clave de todo en la política del Poble Nou de Benitatxell. Compromís, que está en la oposición, se ha aliado con ella para conseguir el objetivo perseguido desde el inicio del mandato de meter la tijera en los sueldos del gobierno local, «los más elevados de la historia del municipio».

Mientras, el gobierno local (Red, PP y Pideb), en minoría desde que el popular Toni Colomer se fue a la oposición, utiliza a Nieves García para sacarle los colores a Compromís. Acusa a los valencianistas de pactar con una edil procesada.

El enredo es mayúsculo. Ayer tuvo lugar el pleno convocado por el alcalde, Josep Femenia, para aprobar medidas concretas de lucha contra la corrupción. Y hoy se celebra la sesión forzada por la oposición para convertir en calderilla los sueldos del gobierno local (el munícipe pasará a cobrar 600 euros brutos al mes y sus ediles, 250).

La declaración de «tolerancia cero con la corrupción» incluía acciones concretas para condenar a galeras a Nieves García. Se exigía su dimisión y que quedara sin efecto el pleno de los sueldos, dado que la solicitud de su convocatoria la firmó la edil investigada, así como el portavoz de Compromís, Miquel Garcia, y Colomer. La declaración incorporaba los autos del juez. El de apertura de juicio oral es categórico: el magistrado considera que la edil independiente pudo ser «cooperadora necesaria» en el delito probado de falsificación de la firma del secretario municipal en endosos y certificaciones que incluso se pagaron dos veces o que eran de obras que ni siquiera se habían adjudicado. La presunta estafa subiría a medio millón de euros.

Pero las medidas contra la corrupción no hicieron camino. La oposición las tumbó. En el tablero político de Benitatxell, Nieves García es una pieza demasiado valiosa para sacrificarla.

El portavoz de Compromís sostuvo que lo que planteaba el gobierno local era «ilegal». Presentó por registro en el ayuntamiento un escrito en el que denunciaba que, al pretender anular un pleno extraordinario convocado por el alcalde por «imperativo legal» (le obligó la oposición y la ley), «se coartaban los derechos de los miembros de la corporación». La oposición pidió en bloque que la declaración contra la corrupción se dejara sobre la mesa. Miquel García criticó que no estuviera avalada por un informe jurídico. Pero el alcalde se mantuvo en sus trece y se votó y rechazó la declaración.