El promotor de las obras de un restaurante en la última parcela virgen de la primera línea del Segon Muntanyar de Xàbia ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, el socialista José Chulvi. Le acusa de intentar paralizarle las obras pese a contar con una licencia "legal". El pleno aprobó recientemente la lesividad de ese permiso de obras, es decir, que lo suspendía dado que consideraba que dañaba el interés general.
La querella también incluye como "autores, cómplices o encubridores" a tres técnicos municipales y a la concejala de Urbanismo, Isabel Bolufer. El empresario sostiene que la edil, pese a reconocer públicamente que había otorgado la licencia y que era válida, "secundó" al alcalde y votó como todos los otros concejales anularla. El promotor de las obras considera que el munícipe y la concejala se plegaron a una campaña "on line" de recogida de firmas contra el proyecto instigada por una vecina de un chalé adyacente a esta última parcela virgen del litoral de piedra tosca del Segon Muntanyar.
El empresario indica que el alcalde anunció que buscaría el modo de suspender el permiso de obra y que primero alegó que la tasa se había pagado fuera de plazo y luego invocó que la calificación cambiaba en el nuevo plan estructural y ese negocio de cafetería-restaurante quedaba fuera de ordenación. Pero el promotor afirma que todos esos intentos fueron en balde y que el uso hostelero es el único que se permite en este tramo de costa. Afirma que recurrió ante los servicios municipales de urbanismos y que sus escritos se rechazaron "sin justificación jurídica laguna o sin ni siquiera respuesta". Luego llegó la declaración de lesividad de la licencia en el pleno. El empresario sostiene que el ayuntamiento no ratificó ese trámite en el juzgado contencioso administrativo y la lesividad caducó.
En mayo, el promotor comunicó al consistorio que la licencia estaba vigente y anunció que iniciaría las obras. Lo hizo tras el verano. La edil de Urbanismo desveló en el último pleno que se le había abierto un expediente de paralización de las obras y que enviría a la policía a precintar los trabajos si seguían adelante.
El empresario entiende que la apertura de ese nuevo expediente puede constituir un presunto delito de prevaricación. En la querella, advierte de que el ayuntamiento que le dio licencia "impide el ejercidio de un derecho reconocido en un acto administrativo válido". Y precisa que incurre en prevaricación "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo" y su artículo 404 lo castiga con "pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
El promotor ha denunciado ha presentado hoy la denuncia en el juzgado de Dénia. También reclama responsabilidad civil al consistorio por el retraso de la obra y el supuesto perjuicio económico que ha sufrido. Afirma que quería abrir el restaurante-cafetería ya la pasada campaña de Semana Santa.
