El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, se reunió ayer con su homólogo en Valencia, Joan Ribó, con la desalinizadora como principal tema sobre la mesa. Y es que el ayuntamiento sigue buscando la fórmula para salir de una situación en la que, según el convenio firmado con Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), está obligado a pagar 61 millones de euros durante 25 años por la amortización y los gastos fijos de la planta, aunque no produjera ni un litro de agua.
Según recordaban ayer fuentes municipales, esta instalación, cuya construcción ha costado cerca de 40 millones de euros, «se proyectó en un momento en el que se necesitaban más recursos hídricos. Las previsiones de consumo eran muy elevadas en función de la planificación de los polígonos industriales, pero ahora, con las obras finalizadas y la planta en condiciones de empezar a funcionar, la desaladora no tiene la demanda suficiente para que pueda ser viable desde un punto de vista económico».
De hecho y según confirma el propio Fernández, Acuamed ha recibido tres solicitudes para servir agua desalada: Oxígeno de Sagunto, Zuvamesa y Gas Natural- Fenosa. Sin embargo y en virtud del convenio firmado por el consistorio, el organismo estatal ha tenido que pedir permiso al ayuntamiento para prestar este servicio, una autorización que «todavía no hemos dado, ya que antes queremos tener claro que el suministro va a llegar a un área más grande o bien que no tendremos que hacernos cargo de la infraestructura desde que el agua empiece a llegar a esas empresas», según el alcalde de Sagunt.
Fernández insiste en que «el convenio vigente, que incluso Acuamed reconoce que es inviable y se muestra dispuesto a flexibilizar, supone unos gastos que el consistorio no puede asumir». En este línea, el nacionalista añade que «si la planta se pusiera en marcha, a partir del primer día deberíamos pagar la amortización de la construcción de la planta y del mantenimiento, algo carísimo e inasumible».
De hecho, las condiciones de ese convenio contemplaban el pago anual de cerca de 2,5 millones de euros durante los 25 años de la vida útil de la desalinizadora.
Pese a las buenas palabras de Acuamed, Fernández asegura que «pensamos, y creo que es una postura unánime entre todos los grupos políticos, que la mejor solución pasa por integrar la planta en una red más grande de consumidores. Por ello le hemos planteado esta cuestión a Joan Ribó ya que queremos que la planta se incorpore también a toda el área metropolitana de Valencia», un proyecto que los presupuestos generales del Estado contemplan desde el pasado año.
Más allá del lastre que puede suponer esta instalación para las arcas municipales, el alcalde de Sagunt considera que la planta «es una buena oportunidad para que el área metropolitana de Valencia tenga garantizada el agua ante una sequía importante». Fernández asegura que su homólogo contempla esta opción «de manera positiva», de modo que la semana que viene se la planteará a los gestores del agua en Valencia.
