El tripartito de Sagunt sigue con la ronda de contactos en busca del apoyo que necesita para aprobar las primeras cuentas municipales desde 2009. El último en pasar por la mesa de negociación ha sido el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, que a la conclusión del encuentro reconocía que había sido «cortés y aséptica, sin entrar en debates sobre el fondo de nuestras peticiones. Es posible que esta actitud —defiende el concejal de C's en Sagunt— responda a que tienen puestas sus esperanzas en la ruptura de la disciplina de voto en el PSOE».
Además de reclamar una vez más la entrega de toda la documentación, así como información más completa sobre las inversiones programadas para saber si «serán sostenibles o aumentarán todavía más el gasto corriente de la corporación», Castillo reclama a Compromís, EU y ADN Morvedre que «sean consecuentes con su situación en minoría y no pretendan dar dos pasos en nuestra dirección y que los demás corramos un kilómetro a su encuentro».
En la reunión, a la que asistieron los concejales de Hacienda, Teresa Garcia, de Deportes, Guillermo Sampedro, y de Urbanismo, Pablo Abelleira, Ciudadanos expuso las exigencias de su partido para apoyar las cuentas, según se aprobó en su última junta ejecutiva.
Compromiso «inequívoco»
La primera es el «compromiso público, claro e inequívoco» de continuidad de Lafarge, lo que, según la formación naranja, se traduciría en un acuerdo plenario consistente en la aceptación del Ayuntamiento de Sagunt de los pliegos de condiciones emitidos por la Conselleria de Medio Ambiente, así como la retirada de las alegaciones presentadas por el consistorio.
Además, C's reclama una reducción de entre 5 y 6 millones de euros en la previsión de ingresos, que en la primera propuesta del tripartito roza los 73,2 millones; la rebaja de aproximadamente un 40 % en el coste de los miembros del equipo de gobierno, que «se debe traducir en un máximo de 10 liberados entre cargos públicos, asesores y personal de confianza, frente a los 16 actuales; la reducción de las pretensiones inspectoras de casi 2 millones de euros, que afectan al impuesto de bienes inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, los vados y las terrazas, entre otras; así como la inclusión en el presupuesto de las partidas necesarias para la ejecución de todas las mociones de competencia municipal presentadas por Ciudadanos y aprobadas por el pleno municipal.
