Los hosteleros de Sagunt trasladaron ayer al alcalde, Quico Fernández, su rechazo a la ordenanza de terrazas que se tramita en el ayuntamiento y que está previsto llevar al pleno el próximo martes. Y es que las mayores restricciones que contempla este reglamento, según admiten desde el gobierno municipal, conducirá a la «destrucción de gran parte del sector», destacan desde la Asociación de Hosteleros Unidos del Mediterráneo (AHUM), que cifra los negocios de este tipo en 300 que dan trabajo directo a cerca de 2.500 personas.
Su presidente, David Gómez, asegura que «la ordenanza en trámite perjudica gravemente la permanencia y nueva instalación de establecimientos hosteleros, porque impide el montaje de terrazas». Las críticas al documento se centran en que «está alejado de la realidad de Sagunto, ya que, no sólo no resuelve los problemas, sino que crea más y todo ello por la falta de un trabajo adecuado que debe partir de escuchar a los agentes implicados antes de redactar la norma», insiste Gómez.
Desde AHUM también se recuerda que la pasada primavera se aprobó provisionalmente un documento, al que el gobierno local renunció por la gran cantidad de alegaciones presentadas. A partir de ahí, el entonces tripartito se comprometió a basarse en el reglamento que sigue en vigor desde 2004, así como en las aportaciones tanto del sector como de la ciudadanía para la nueva ordenanza, pero «no ha sido así».
De hecho, según denuncian, el texto que se tramita «es una copia de la ordenanza de Valencia y difícilmente se van a solucionar nuestros problemas con una norma que no tenga en cuenta nuestras particularidades». Esta «falta de originalidad» se evidencia, según los hosteleros, en que «se prohibe la instalación de terrazas en aceras con menos de tres metros de ancho, que en nuestro municipio son todas ya que la mayoría no supera los 1,5 metros».
Estas consideraciones se recogen en un documento que AHUM entregó ayer a los partidos con representación municipal, en el que también enumeran «las afirmaciones que no son ciertas» que quedan recogidas en el borrador de ordenanza que se tramita desde el ayuntamiento. Una de ellas es que «no se ha recabado nuestra opinión ni se ha tenido en cuenta nuestra posición. La ordenanza —insiste Gómez—se redactó a nuestras espaldas y tuvimos conocimiento de ella cuando se publicó en la página web».
Desde AHUM van incluso más allá al considerar que «nadie del ayuntamiento conoce nuestros problemas, ni nuestros esfuerzos para sobrevivir. Nadie nos ha escuchado ni ha intentado conciliar nuestros intereses y los de la ciudadanía, que no olvidemos en la mayoría de los casos son coincidentes, ya que ciudadanos son también los trabajadores que prestan sus servicios en la hostelería de este municipio».
El colectivo, que pide al consistorio que «se centre en la búsqueda de espacios compatibles y no en la destrucción de gran parte de nuestros negocios», también censura que «el procedimiento de elaboración del proyecto quebranta el previsto legalmente» y reclama que se parta de cero con su colaboración para un nuevo texto.
Dudas en el gobierno local
Después de la reunión de ayer, el gobierno municipal no descarta paralizar la tramitación de la ordenanza, una decisión que se adoptará el próximo lunes. Según explican «dependemos de lo que diga el secretario, porque él es el que nos ha ido marcando las pautas para la tramitación del documento». Antes del encuentro de ayer y como queda reflejado en el orden del día del pleno del martes, el cuatripartito tenía previsto llevar el expediente para su aprobación provisional, ya que «posteriormente se abriría un plazo de un mes para la presentación de alegaciones».
La idea original, según estas mismas fuentes, era «adaptar la ordenanza a la normativa superior para dar mayor seguridad a todos». Además, resaltan, en el texto se contempla una moratoria de 2 años antes de su aplicación. En cualquier caso, desde el gobierno municipal se insiste en que uno de los objetivos de este texto es «liberar las aceras, mediante la permisividad para que las terrazas se instalen en las calzadas».
Esta teoría, sin embargo, choca contras las recientes denegaciones a la instalación de terrazas que han partido desde el ayuntamiento y que reflejan que la policía local, cuyo visto bueno es necesario para obtener el permiso, considera que «ninguna ocupación con mesas y sillas, con o sin instalaciones en calzada, reúne la seguridad necesaria para el ejercicio de la actividad».
