Las sospechas de unas oposiciones supuestamente amañadas y la investigación del jefe de la Policía Local de Sagunt para tratar de acreditar las presuntas irregularidades han acabado precisamente con el comisario principal sentado en el banquillo de los acusados por un delito continuado de descubrimiento de secretos. El Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado una pena de tres años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación, aunque tras evaluar la prueba practicada en el juicio mostró sus reticencias a la hora de considerar los hechos constitutivos de delito.
Rafael de Manuel accedió presuntamente a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para obtener información de los miembros del tribunal e intentar demostrar la «amistad íntima» que tenían con el aspirante a la plaza de intendente principal en el año 2011. Sean ciertos los hechos o no, el fiscal considera que éstos no son constitutivos de ilícito penal alguno.
El jefe de la Policía Local de Sagunt negó ayer durante el juicio, celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, haber accedido a los datos personales de los miembros del tribunal, haber consultado la titularidad de los vehículos que conducían y, en todo caso, aclaró que «en el ejercicio de mis funciones está el acceso a las bases de la DGT». De igual modo, insistió en que actuó «en el marco de sus obligaciones y competencias», ante el rumor que apuntaba «la gran afinidad que tenían los miembros del tribunal con uno de los opositores», concretamente con el ahora querellante.
Asimismo, el acusado explicó que previamente se reunió con el alcalde del municipio y con el concejal de seguridad ciudadana, a quienes comentó sus sospechas por el supuesto amaño tras un escrito de un sindicato que apuntaba al «amiguismo» entre los miembros del tribunal y el opositor. De hecho, sacó a relucir en la vista oral que el aspirante (querellante) fue el psicólogo que aprobó a uno de los componentes de esta curia que ahora tenía que evaluar su proceso selectivo.
Así, Rafael de Manuel sostiene que el alcalde ratificó su investigación y que también puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Tras todas sus averiguaciones, en el marco de esta investigación que atribuye a sus funciones como jefe de la Policía Local de Sagunt, el acusado presentó un informe, con fecha del 11 de septiembre de 2011, en el Registro General de la Alcaldía. En el mismo se concluía que no se había podido demostrar una «amistad íntima» entre los miembros del tribunal y el opositor.
Una enemistad entre ellos
La acusación particular interrogó al comisario sobre «la enemistad manifiesta» que existe entre su cliente y él, motivo por el que fue recusado como miembro del tribunal de la oposición que posteriormente investigaría y que daría pie a esta denuncia por un delito continuado de revelación de secretos. La acusación relaciona ambos hechos y entiende que el acusado actuó movido por haber perdido su puesto en el citado tribunal que tenía que evaluar al querellante. Respecto a esta supuesta enemistad, el procesado admitió que había abierto varios expedientes contra éste y que incluso presentó una denuncia contra el por entonces alcalde por no tramitar los mismos.
En cuanto al informe presentado a alcaldía sobre su investigación , en el que supuestamente reconoce haber accedido a la base de datos de la DGT, el comisario no recordaba haber accedido con su clave y que si lo dijo en algún momento se trataría de un error. «Solo puse sus nombres en Google», apuntó sobre las indagaciones que hizo de los componentes del tribunal. La Fiscalía solicita por estos hechos un pena de tres años y medio de prisión, una multa de 7.200 euros y diez años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de descubrimiento de secretos, aunque mostró en sus conclusiones definitivas sus dudas sobre si los hechos son constitutivos de delito. La acusación particular, por su parte, sostiene que sí que hubo delito y el juicio quedó visto para sentencia.
