La Fiscalía Provincial de València ha iniciado una investigación sobre el vertido de aguas residuales junto al área recreativa de Sant Esperit, en zona de afección de la Sierra Calderona. Así lo confirma el Ministerio Fiscal en respuesta a la denuncia presentada por varios vecinos de Gilet, en la que se cuestiona este depósito de aguas fecales procedentes tanto del monasterio franciscano como de la propia zona de esparcimiento, cerca del barranco del Xocainet. En concreto, esos desechos acaban en un pozo ciego, titularidad de la orden. La fiscalía estudia ahora si estas prácticas fueran constitutivas de delito ya que vulneran tanto la ley de vertidos como la de aguas, unas malas prácticas por las que Gilet ha recibido varios apercibimientos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, puesto que desde hace años algunas de sus urbanizaciones tampoco cuentan con alcantarillado y vierten a fosas sépticas o al barranco.
El problema de los vertidos del monasterio y del área recreativa de Sant Esperit, que gestiona la propia Conselleria de Medio Ambiente, se vienen arrastrando desde hace más de 40 años.
Esta situación ya se puso en conocimiento de la conselleria en la pasada legislatura por parte del que fuera alcalde, Juan Carlos Vera (PP). Entonces, al reformar parte del monasterio, se llegó a condicionar la licencia de actividad de la nueva hospedería a la construcción de una conducción de aguas fecales y su conexión a la red municipal, que según el gobierno de entonces debía correr a cargo de la orden; a esta opción se negaron los franciscanos por entender que el problema no era únicamente del monasterio e incluso llegaron a proponer instalarse ellos una depuradora para sus aguas. El tema se retomó con el gobierno actual, que llevó hasta la zona al presidente de la junta rectora del parque de la Calderona para que conociera de primera mano la situación y buscara una solución. Tras esa visita, que sirvió para que Carlos Ferri lo calificara de «muy grave», se arrancó el compromiso tanto por su parte como por la de la conselleria y el ayuntamiento de buscar una solución.
La administración autonómica anunció en noviembre de 2016 la instalación de una tubería de entre 150 y 200 metros para canalizar las aguas fecales tanto del monasterio como de la propia área recreativa para su conexión con la red municipal de alcantarillado. Se valoró incluso que su trazado fuera por la misma carretera de Sant Esperit para ahorrar costes. La propuesta contaba con una valoración económica de 100.000 euros, aunque nunca llegó a ejecutarse.
Ahora casi tres años después, los vertidos al pozo ciego siguen produciéndose, aunque esta vez con una denuncia a la Fiscalía, para que «tome cartas en el asunto», afirman los denunciantes.
