El Ayuntamiento de Sagunt descarta de plano redelimitar la frontera sur de su término municipal para que toda la urbanización Los Monasterios pase a pertenecer a Puçol, tal y como el consistorio de l’ Horta ha reclamado oficialmente, a petición de vecinos de esa zona.
Ante el expediente iniciado por la población colindante y que ahora se expone al público, los técnicos municipales de Sagunt ya trabajan para dar una respuesta «rigurosa y jurídica» a esta iniciativa que pretende alterar el linde territorial para dejar en término de Puçol 188 parcelas que suman 376.000 metros cuadrados y ahora mismo pertenecen a la capital del Camp de Morvedre. Así lo indicaba a Levante-EMV el alcalde de Sagunt, el socialista Darío Moreno, quien remarcaba que la última palabra en este asunto la tendrá la Generalitat, tras sopesar todos los argumentos.
«Nosotros estamos ni por poner ni por delimitar nuevas fronteras», remarcó el presidente de la corporación saguntina, señalando que su objetivo es «hacer que esas fronteras se desdibujen» y hacer que eso «a la ciudadanía no le supongan ningún tipo de problema».
Moreno reconocía que el hecho de que la urbanización se extienda por dos términos municipales distintos «añade una complejidad administrativa por el hecho de que sus residentes deban tener que tratar con dos administraciones diferentes, de ahí que un pequeño grupo de vecinos haya promovido la iniciativa de que la parte de la urbanización asentada en término de Sagunt pase a ser de Puçol», decía respecto a una decisión acordada por unanimidad en la asamblea de la sociedad civil Los Monasterios hace aproximadamente dos años y justificada tanto en la mayor cercanía a Puçol como en una cuestión que ya les ha hecho ganar varias sentencias en los tribunales: La «falta de prestación» de Sagunt de los servicios de mantenimiento y conservación de viales, jardines, zonas verdes, alumbrado público, entre otros.
El alcalde saguntino insistía, sin embargo, en que «el agente urbanizador y los distintos propietarios que han ido comprando viviendas ya sabían de esta situación cuando lo hicieron y parece injusto que, ahora, el municipio de Sagunt pierda parte de su territorio debido a esa decisión en su momento inmobiliaria que ha tenido sus repercusiones posteriores».
El socialista también se mostraba comprensivo con las autoridades de Puçol y aseguraba que en el gobierno local «entendemos que el ayuntamiento haya apoyado la iniciativa de sus vecinos y vecinas». Además, remarcaba «desde el Ayuntamiento de Sagunt ya hemos dicho que no vamos a entrar en un bloqueo ‘sine die’ en este tema sino que lo queremos es dar una respuesta al mismo y, a partir de ahí, veremos», decía recordando que su objetivo es «seguir trabajando para que esa frontera no suponga un problema para quienes residen allí».
El Ayuntamiento de Puçol ya ha elaborado distintos informes sobre esta cuestión, donde deja claro, entre otras cosas, que la alteración del término municipal propuesta «no prevé una merma de la solvencia económica» del consistorio «en perjuicio de los acreedores». Su cálculo es que la medida le supondría aumentar su padrón entre 400 y 500 personas, así como el pago de una indemnización por los ingresos que dejaría de percibir Sagunt, con un cálculo estimado en diez años, si bien considera que, por los servicios que éste le adeuda y los nuevos ingresos por impuestos, la operación sería equilibrada. Aún así, el rechazo rotundo de la capital del Camp de Morvedre augura que el proceso será menos fácil de lo que los promotores del expediente desearían.
Datos a valorar que Sagunt invita a Puçol a buscar por sí mismo
El Ayuntamiento de Sagunt ya ha dado muestras de escaso entusiasmo ante la propuesta de alterar su frontera sur, de modo que su actual parte de la urbanización Los Monasterios pase a ser término de Puçol. Prueba de ello es la respuesta que le dio el pasado octubre meses después de que, a finales de junio, su vecino del sur le pidiera una batería de documentación e informes «en el plazo más breve posible» para así realizar un informe técnico-económico que concretase el importe y el periodo de indemnización que el consistorio de L’ Horta pretende consensuar para lograr su objetivo, pues Puçol está dispuesto a fijar una compensación económica «sobre la base de los rendimientos de la parte segregada y durante un periodo de tiempo no superior a diez años».
Para hacer esa valoración, Puçol pidió a Sagunt datos muy concretos, desde el inventario de bienes de dominio de uso público, al número de unidades urbanas, cifra de habitantes empadronados, , valor catastral del suelo y de las construcciones de cada unidad urbana, vados concedidos «especificando los metros lineales y número de plazas de garaje», entradas de vehículos y vados «especificando» en los dos casos «los metros lineales», vehículos por caballos fiscales, viviendas familiares «distinguiendo las que tienen contenedor individual», número de contenedores de residuos sólidos ubicados en vía pública, superficies de vías públicas y zonas verdes, número de puntos de luz, entre otros.
Costes extraordinarios
Junto a ello, le demandaba una valoración de los costes de mantenimiento y conservación «ordinarios y extraordinarios» así como una «valoración en su caso de obligaciones pendientes de ejecución de sentencias». Por último, demandaba un «diagnóstico del estado real de todas las instalaciones a incorporar conjuntamente con su inventariado y levantamiento de los correspondientes planos».
No obstante, el Ayunntamiento de Sagunt contestó denegando esos requerimientos, argumentado que «los datos solicitados, en su inmensa mayoría y salvo aquellos que contienen opiniones y valoraciones que dependen de criterios parcialmente subjetivos» estaban recogidos en un expediente al que «como interesado», ya tenía acceso la administración vecina; una invitación clara a que los buscase por sí mismo tras remarcarle que no estaba obligado a ello y que «la mayoría de esos datos que se reclaman debían contenerse en la documentación aportada por la comisión promotora que sustenta el expediente, por cuanto es a ella a quien le corresponde y no a este ayuntamiento», decía aludiendo además a lo dispuesto en el Real Decreto por el que se aprobó el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales .
