El Malecón de Menera se ha convertido en uno de los temas más recurrentes a lo largo de los últimos años en el orden del día del pleno del Ayuntamiento de Sagunt. La última sesión no fue una excepción, gracias a la propuesta presentada por Esquerra Unida (EU) como respuesta al paso administrativo más reciente que ha dado la dirección general de la Costa y el Mar para eliminar la protección sobre estos cerca de 60.000 metros cuadrados en la fachada litoral del Port de Sagunt.
La novedad más significativa de este acuerdo, adoptado por unanimidad, es la solicitud a la Abogacía del Estado de que investigue la actuación del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que sigue empeñado en sacar el Malecón de Menera de dominio público marítimo terrestre (DPMT).
La única justificación que esgrime es la sentencia de 2010 que, por sorpresa, declaró la titularidad privada de una parcela, que no se llegó a localizar. Por el otro lado, los argumentos municipales cuentan con el respaldo del pronunciamiento judicial que tumbó el intento de Costas en 2014 de practicar este mismo deslinde. No hay que olvidar que esa desprotección dejaría solo al ayuntamiento frente a una hipotética nueva reclamación de expropiación, que la empresa propietaria, Prosagunsa, ya planteó hace unos años por valor de más de 100 millones de euros.
Esta solicitud de «análisis de la actuación» de Costas también se ha trasladado al Consejo de Ministros, según recoge la moción, que basa sus sospechas en la «insistencia» de la dirección general de la Costa y el Mar en agilizar el procedimiento, después de ser también la instigadora. «Es muy grave, cuando, además, la Demarcación de Costas de València no pretendió iniciar el expediente», según esta propuesta que fue defendida por el concejal de Playas, Roberto Rovira.
Este empeño de desproteger los terrenos choca también con otros intereses del Estado en este asunto, ya que Cofivacasa, una empresa dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), también reclama la propiedad de una parte de los terrenos Sobre este aspecto, la postura municipal insiste en que «el Estado tiene la obligación legal de preservar sus derechos, que parece que Costas pretende regalar».
Reunión con la ministra
La propuesta plenaria de EU, que se aprobó con una enmienda de adhesión de Compromís, también solicita una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la directora general de la Costas y el Mar, Ana María Oñoro, para exigir la anulación del expediente de deslinde. Además, la moción reclama que se elabore y ejecute un proyecto de protección, regeneración, defensa, conservación y uso público de esta parcela, como se reivindica desde hace años, no solo desde la clase política, sino, fundamentalmente, desde la sociedad civil.
Desde el Ayuntamiento de Sagunt también se señala que, a raíz del anterior deslinde, «ya demostró pericialmente que los terrenos que la dirección general de la Costa y el Mar pretende excluir del DPMT «son dominio natural, demanial e inembargable, o propiedad del mismo Estado, que ni puede mirar a otro lado ni hacer negocio a costa de los intereses de nuestra ciudad».
Además de este acuerdo, el siguiente paso municipal es la presentación de más alegaciones contra el último deslinde propuesto por Costas.
