La comisión de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sagunt dictaminó ayer a favor de presentar un recurso de casación contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que anuló el decreto aprobado por el Consell para la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal.
Según el concejal de Urbanismo, Quico Fernández, esta apelación «está plenamente justificada», así que «entendemos que el Tribunal Supremo la admitirá a trámite. También consideramos muy probable que se pronuncie favorablemente a la declaración del paraje natural, porque el TSJ sólo atendió dos de los ocho motivos por los que presentó el recurso Lafarge».
El exalcalde explica que los argumentos de la sentencia contra esta protección «son superables, porque se trata de defender el interés general por encima de cualquier otra consideración». La presentación del recurso obtuvo los votos a favor de los grupos del tripartito (PSPV, Compromís y EU), mientras que la oposición se abstuvo.
Además de confirmar que este expediente y la ratificación del recurso se tratarán la próxima semana en el pleno del Ayuntamiento de Sagunt, Fernández apunta que «los servicios jurídico se están encargando de redactar los documentos, tal y como está haciendo también la Generalitat». Y es que, desde el primer momento que se conoció la sentencia, tal y como informó Levante-EMV, desde el Consell se pusieron en manos del consistorio para reconducir esta declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal, que desde LafargeHolcim se ha mantenido que supone la sentencia de muerte para la cementera de Sagunt.
Convenio de 2013
Desde la empresa se insiste en volver a las bases del convenio firmado entre las partes en 2013, que no solo contemplaba la ampliación de la cantera del Salt del Llop, sino que abría la puerta a abrir una nueva cantera en la zona del Pinyal.
La voluntad municipal se encuentra ahora muy lejos de estas intenciones y, de hecho, Quico Fernández confía en el que el consistorio sigue en la contienda jurídica no solo con el apoyo de la Generalitat, sino también de Agró y «de los que han estado interesados en el proceso».
