«Nos ha costado mucho pero, al final, la Administración ha hecho justicia con los expropiados de Parc Sagunt II». Estas palabras del presidente de la asociación de agricultores Ascosa-AVA en Sagunt, Francisco Campillo, resumen la sensación que prima en la ciudad después de que la empresa pública promotora del polígono haya decidido retirar las acciones judiciales emprendidas, acatar el justiprecio fijado por el Tribunal de Expropiación y elevar, por tanto, la valoración del suelo a unos mil propietarios.
«Desde Ascosa-AVA Sagunto hemos defendido los intereses de los agricultores afectados hasta demostrar que teníamos razón y nos lo reconocieran. Estamos muy satisfechos y aplaudimos que hayan rectificado y admitido el justiprecio», añadía, además de considerar que esta decisión respecto a los terrenos donde se ubicará la gigafactoría de Volkswagen es fundamental para todos los procesos similares que puedan llegar. «Este reconocimiento admitiendo el justiprecio marcará un antes y un después para las futuras expropiaciones de las placas solares fotovoltaicas y demás. Creo que podemos felicitarnos todos», apuntaba Campillo respecto a los otros proyectos asociados a la megaplanta.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y La Unió Llauradora también valoraron ayer «de manera positiva» que Espais Econòmics Empresarials (EEE) –empresa participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central– rectificase su posición inicial; una decisión que la firma pública justificó en que el Tribunal Superior Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido, al menos, cinco sentencias desestimatorias de los recursos interpuestos por ADIF en casos semejantes de expropiaciones en Parc Sagunt II.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió, Carles Peris, subrayan que «la decisión es la justa, la lógica y la que correspondía. Desde el principio hemos defendido que son los agricultores los que tenían el derecho de recurrir una estimaciones que consideraban muy bajas respecto al valor objetivo del suelo; resultaba surrealista que fuera la Administración la que recurriera la propuesta de un órgano de la propia Administración establecido para tal fin. Esta nueva posición evita que los agricultores sean los únicos que salgan perdiendo con la iniciativa empresarial de la gigafactoría, de la cual nos alegramos mucho, pero que debe ser positiva para toda la sociedad, incluidos los propietarios del suelo».
Ambas organizaciones agrarias argumentan que las últimas sentencias relacionadas con procesos expropiatorios de ADIF están dando la razón a los agricultores porque los jueces tienen en cuenta la valoración del Jurado Provincial de Expropiación.
«Si EEE hubiera mantenido su estrategia, seguramente habría perdido la batalla judicial, por lo que los propietarios hubieran cobrado tres o cuatro años más tarde y el próximo gobierno hubiera tenido que asumir, además de los gastos licitados de procuradores y abogados, la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que durase el juicio. Era obligación de nuestros gobernantes evitar ese maltrato hacia los expropiados y ese derroche de dinero público», aseguran los dirigentes agrarios.
Agilizar los pagos
Las organizaciones consideran que esta rectificación es fruto de «la intensa campaña técnica, negociadora y reivindicativa de AVA-ASAJA y La Unió», dicen además de recordar la protesta que hicieron en Puçol.
No obstante, solicitan a EEE que agilice al máximo el pago del justiprecio a todos los expropiados «teniendo presente el retraso generado por la Administración», afirman.