Suele decir Gaspar Llamazares que Zapatero pone el intermitente a la izquierda pero siempre acaba girando a la derecha. Efectivamente, a diferencia de su antecesor Felipe González, el actual secretario general del PSOE y presidente del gobierno tiene claro que debe su elección a los votantes de izquierdas, y a ellos dedica la mayor parte de sus gestos y discursos. Proclama a los cuatro vientos que no aceptará el despido libre, que no regulará sobre el mercado laboral sin acuerdo con los sindicatos, que no tomará decisiones que perjudiquen a los trabajadores... y así es posible que mantenga convencidos a unos cuantos.

El problema es que las palabras no se corresponden con los hechos. Si esto sucede en temas como el laicismo –la Iglesia Católica le debe a Zapatero la mayor subida de su asignación presupuestaria hasta el 0´7% del PIB- o los derechos humanos–Directiva de la vergüenza, nueva Ley de extranjería…-, donde más claramente se manifiesta es en la política económica y fiscal. No en vano Solbes siempre se reclamó continuador de la herencia de Rato –y éste a su vez del anterior-, y Salgado tampoco se sale de un guión marcado por la doctrina neoliberal y recitado por «socialistas» desde el Banco de España (Fernández Ordóñez) a la Comisión Europea (Almunia). Liberalización de los mercados, privatización de los servicios públicos, rebaja de los impuestos directos… forman parte del programa económico compartido con pequeños matices por PP y PSOE desde hace al menos dos décadas.

Para seguir manteniendo su inmerecido pedigrí izquierdista, el gobierno dosifica sus reclamos propagandísticos, que suelen coincidir con épocas preelectorales o en el inicio del curso político. El año pasado fue el anuncio de la creación de una red de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, apropiándose de una consecución de IU en la negociación de los anteriores presupuestos. Un año después, no hemos visto nada de nada, menos aún en el País Valenciano donde el gobierno de Camps boicoteará cualquier avance en ese sentido.

Este verano el espejismo ha tenido que ver con los impuestos. Después de unas cuantas reformas fiscales regresivas -de derechas, para que se entienda mejor-, por las que las rentas del capital y los grandes patrimonios han sido beneficiados mientras el estado ha perdido más de 20.000 millones de euros anuales de capacidad recaudatoria, el PSOE amagó a finales de agosto con tomar medidas fiscales de izquierdas, aunque fueran «limitadas y temporales». Como dijo José Blanco, se trataba de «apretar el cinturón a los que tienen rentas más altas para mantener las políticas sociales».

Pero el intermitente del gobierno lanzaba señales confusas. Un día tras otro, se sucedían declaraciones contradictorias sobre la supuesta reforma fiscal del propio Zapatero, de la vice De la Vega, de la ministra Salgado o del omnipresente Pepe Blanco –utilizando sin rubor alguno el gabinete de prensa del ministerio de Fomento, en una clara confusión de partido con gobierno-. Finalmente, el presidente compareció en el Congreso para anunciar una subida de impuestos de 15.000 millones, pero sin especificar qué figuras tributarias y a cargo de qué contribuyentes.

Hemos tenido que conocer a través de la prensa -no desmentida por el gobierno- que la subida recaerá en los impuestos indirectos sobre el consumo (IVA e impuestos especiales). Mientras las grandes fortunas siguen con sus SICAV al 1% y los futbolistas extranjeros tributan como proletarios, el gobierno busca en los consumidores –es decir, todos por igual- los recursos necesarios para paliar el creciente déficit público. Pura regresividad fiscal, todo lo contrario de lo que se anunciaba hace un par de semanas.

Una vez más, ZP pone el intermitente a la izquierda y gira a la derecha. Debería rectificar antes de verse obligado a encender las luces de emergencia.