Como viene ocurriendo de forma reiterada en las últimas décadas, la reforma del mercado de trabajo se nos presenta nuevamente como una prioridad política para salir de esta crisis y modernizar nuestras relaciones laborales y, por ende, nuestra economía. Esta perspectiva culpabiliza al «alto» coste del despido, a la «centralizada y protegida» negociación colectiva y a los «bondadosos» sistemas de protección por desempleo del escaso crecimiento del empleo, del aumento del número de parados, de los bajos niveles de inversión productiva y también del crecimiento del volumen de trabajadores con contrato temporal. Estamos ante argumentaciones que ya fueron utilizadas para justificar las anteriores reformas laborales. Hoy podemos afirmar que no sirvieron para crear empleo en entornos de crisis económica, ni tampoco para modernizar nuestras relaciones laborales y, aún menos, nuestro sistema productivo.

Estamos sencillamente ante una gran mentira instituida. Desde la reforma de 1984 hasta la última reforma importante en 2002, se ha aumentado la contratación temporal no causal, origen real de la dualización de nuestro mercado de trabajo; se ha endurecido el acceso a las prestaciones por desempleo; se ha flexibilizado la utilización del contrato a tiempo parcial; se han ampliado las posibilidades de despido individual; se ha simplificado y facilitado el procedimiento en los despidos colectivos; se ha reducido el coste en la tramitación de los despidos improcedentes; se han trasladado a la negociación colectiva aspectos antes regulados por el Estatuto de los Trabajadores; se han dado más facilidades para la movilidad funcional y geográfica y se ha extendido el contrato para el fomento de la contratación indefinida con menor indemnización.

Las consecuencias han sido, entre otras, que un tercio de la población asalariada tiene contrato temporal, en su mayoría en fraude de ley, y los otros dos tercios pueden ser despedidos de forma más sencilla y barata. La negociación colectiva presenta una excesiva atomización, debilidades en su aplicación y un bajo nivel de desarrollo. Otra de las consecuencias es que durante la última década los salarios han perdido peso en el reparto de la renta y se ha reforzado un modelo productivo poco competitivo y con un bajo nivel de innovación e inversión productiva.

Estas reformas estructurales han supuesto un aumento del poder discrecional del empresario frente a los trabajadores. Un trabajador en la actualidad tiene un menor nivel de protección frente al despido, frente al paro y frente a las decisiones arbitrarias del empresario, que hace 25 años. Para CC OO es inaplazable una reforma laboral que sitúe el trabajo estable y con derechos como eje dinamizador de un modelo económico más democrático, justo y sostenible.

Secretario de Acción Sindical y Relaciones Laborales. CC OO-PV