La estrategia está marcada y la ofensiva no se detiene: necesaria reforma laboral, urgente adopción de medidas en el sistema público de pensiones y, con el tiempo, reducción de las prestaciones por desempleo o copago en la sanidad pública. La batería de propuestas va siempre en la misma dirección, utilizando un argumento perverso: recorte de derechos laborales y sociales como vía para el mantenimiento de esos mismos derechos. Así, para ejercer el derecho al trabajo se plantea recortar los derechos laborales o para el mantenimiento del sistema público de pensiones se proyecta retroceder en los derechos y garantías asociadas al mismo.

No pretendemos en este momento señalar lo inoportuno, injusto e ineficaz de estas propuestas, incluso para la consecución de los objetivos que dicen perseguir. Sí que dedicaremos las siguientes líneas a quien se ha convertido en el promotor más destacado de estas reformas. Entre las organizaciones que aportan a la sociedad «soluciones a problemas que lastran nuestro crecimiento y desarrollo social», la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) juega un papel protagonista. Los «cien economistas», como los medios siguen etiquetando a la fundación, cuentan con una amplia cobertura mediática para sus propuestas e incluso con la audiencia del presidente del Gobierno, como mostró el encuentro privado que mantuvieron en Moncloa días antes de que se aprobara el Real Decreto-ley que articulaba la reforma laboral. No en balde, el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, aún figura como uno de esos cien en la página web de la fundación.

Pero, ¿cómo una fundación que se define a si misma como «una institución más de la sociedad civil» tiene tal capacidad de influencia mediática y política? En nuestro país existen otras fundaciones y centros de investigación formados por académicos tan o más brillantes y con propuestas diferentes. ¿Por qué no son llamados a Moncloa? ¿Qué es lo que hace de Fedea un caso único? Sin lugar a dudas, su patronato. Ninguna otra fundación recoge en su órgano de gobierno a patronos tan distinguidos como el presidente del BSCH (Emilio Botín), del BBVA (Francisco González), del Banco Sabadell, del Banco Popular, de la Caixa, Caja Madrid, Repsol, Iberdrola..., así hasta dieciséis de las personas-empresas que aglutinan la mayor parte del poder económico y empresarial de nuestro país.

Como escribe el presidente ejecutivo de la fundación, se trata de «personas comprometidas con el futuro del país», que «aseguran la independencia» del centro de investigación. Si se afirma con esa rotundidad, debe ser cierto. Sin embargo, nos tememos que hay alguna cosa más que casualidad en que sus trabajos nunca hayan puesto un pero al comportamiento del sistema financiero y en que sus recomendaciones siempre beneficien a sus patronos. No hay nada de malo en representar desde el mundo académico unos determinados intereses; lo que tal vez no es tan honesto es que se haga de una forma pretendidamente «objetiva e independiente». Y es que quizás no sería tan efectivo para la consecución de sus objetivos que estos estudios y recomendaciones los firmara, por ejemplo, Botín, aunque sea el patrono que los paga.

Economistas. gabinete técnico de CC OO-PV