El Partido Popular presentó ayer en Valencia el programa electoral con el que aspira a seguir gobernando en la Comunitat Valenciana tras las elecciones del próximo 22 de mayo. Se trata de cerca de un millar de propuestas recogidas en más de 300 páginas, divididas en cuatro grandes bloques: creación de empleo; ámbito social; control de gasto; y territorio y patrimonio. Sin embargo, una idea matriz constituye la espina dorsal de todo ese articulado: la austeridad presupuestaria como norte de la futura actuación de gobierno. Desde más privatizaciones de servicios públicos a fijar un tope de gasto para todas las administraciones, pasando por la pretensión de homologar las retribuciones de concejales y alcaldes. Y llama poderosamente la atención que se prometa pagar a los proveedores en un plazo máximo de 30 días, justo cuando las deudas acumuladas han provocado una rebelión sin precedentes entre los empresarios que contratan con la Administración autonómica.
A grandes rasgos se trata de un programa acorde con la austeridad impuesta a España por los organismos europeos. Sin embargo, la mayor parte de esas medidas ya se podían haber puesto en marcha sin necesidad de esperar a las elecciones, sin que el Consell haya mostrado un especial interés en ello. Y esa laxitud no ha pasado desapercibida. The Financial Times, en su artículo elogioso del martes sobre el esfuerzo el Gobierno español, advertía que se podía ver socavado por la «indisciplina» de la Comunitat Valenciana y Cataluña. Por tanto, parece aconsejable que todas esas propuestas se apliquen de forma inmediata, sin más dilación.
