El caso Gürtel se ha llevado por delante al presidente de la Generalitat Valenciana tras un mandato de ocho años. Ni la dirección nacional del PP ni el propio Camps han podido aguantar la presión inducida a unos meses de las elecciones generales. Camps, que había resuelto pagar la multa por la causa de los trajes, cambió su decisión en el último momento y no acudió ayer al juzgado a ratificar la conformidad. Determinó acudir a juicio y presentar la dimisión. El último cartucho que le podría rehabilitar políticamente es demostrar ante la sala del TSJCV su inocencia. En ese contexto, su dimisión la presentó como un «sacrificio personal» para apartar los obstáculos —y él era el principal— de Mariano Rajoy hacia la Moncloa. Volvió a declararse inocente y ha elegido defender su relación con la trama Gürtel ante los tribunales, dado que todavía no ha dado explicaciones a la ciudadanía. Políticamente, sin embargo, era un cadáver desde que el juez Flors firmó el auto de apertura del juicio oral. No estaba acorralado por la oposición, sino por su propio partido, para el cuál era un estorbo. Han sido dos años de calvario judicial y de parálisis en el Consell, que había sucumbido a la agenda del caso Gürtel. Y todos los esfuerzos para renovar su imagen, envuelta todavía en la victoria de las elecciones autonómicas, han sido vanos. Génova ha dicho basta, y el propio Camps también. Unos y otros han acabado por admitir lo que era obvio: no puede haber un presidente de la Generalitat aceptando una pena o esperando sentencia.
