Esta semana no es necesario recurrir a previsiones numéricas. La realidad acerca de la situación que como valencianos vivimos, puede expresarse sin tecnicismos: en las arcas de la Generalitat Valenciana (GV) ya no queda nada y el nuevo gobierno da la sensación de no poder digerir, ni siquiera dar crédito, a los papeles que le llegan sobre la situación de liquidez de la GV (la cuestión tan discutida de si lo engañaron, o no quiso enterarse antes, ahora es irrelevante). La indiscutible legitimidad que tiene el PP valenciano para responsabilizarse del Consell de la GV no debe ocultar las consecuencias de las dificultades y la incapacidad que sufrimos de las decisiones tomadas por quienes están al frente de una institución que tiene dos obligaciones nucleares: la salud y la educación de los cinco millones que aquí vivimos. En este enero de 2012, desgraciadamente, ya no es arriesgado afirmar que van a ser servicios que van a proporcionarse en condiciones más duras que las conocidas hasta ahora.

El president Fabra reconocía el viernes que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando». El no reconocimiento de esta obviedad durante demasiados años hace que las actuaciones del actual Consell estén entre lo patético y lo voluntarioso. Las noticias sobre los actuales esfuerzos de los titulares de las distintas conselleries para reunirse con colectivos de afectados, cada vez más numerosos y diversos, para asegurarles que lo suyo «se arreglará» ya no sirven, pues ni los valencianos vamos a sufrir una epidemia de salud, ni nuestros jóvenes dejarán de ir a sus distintos centros educativos. Desgraciadamente, más que políticos, ejercen de vendedores de ilusiones, con promesas sobre la forma como pagarán las carencias presupuestarias de sus respectivos sectores de responsabilidad. Parecen ignorar que un servicio básico no deja de demandarse, por el mero hecho que no pueda pagarse.

A lo largo de las próximas semanas, una importante parte de las deudas financieras contraídas ya hace varios años van a llegar a su vencimiento y en la Conselleria de Hacienda nadie sabe cómo afrontarlo. En Madrid, el nuevo Gobierno aparentemente anima al afirmar que no se va a permitir que ninguna autonomía entre en default, ya que ello inevitablemente equivaldría a ser interpretado como un ídem del Reino de España, y se van a encontrar mecanismos para evitar que esto ocurra. Tres anotaciones para ubicar lo anterior:

a) El ciudadano de a pie de esta comunidad debe saber, al oír el anglicismo de marras, que evitarlo sólo se refiere a afrontar la deuda de la GV con los bancos, pero en absoluto a hacerlo con todas las cantidades que se adeudan a farmacéuticos, colegios concertados, universidades, abogados de oficio, libreros, etc. En este mundo que vivimos, no todos los incumplimientos de pagos tienen la misma categoría y las consecuencias son distintas. Evitar un default no garantiza que el acreedor no vaya a recibir menos de lo que tenía facturado por sus poductos o el empleado cobre por todas sus horas de trabajo, en tiempo y hora.

b) A pesar de las buenas palabras que corresponden a todo ministro de Hacienda, el viernes las cosas empezaron a matizarse desde Madrid con motivo del anuncio de la discusión en el Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF) de mañana. Cuando se va a discutir, nada más y nada menos, una Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria (que va a desarrollar las modificaciones constitucionales aprobadas el pasado verano) la vicepresidenta prudentemente evitó concretar si van a salir al rescate de alguna comunidad autónoma.

c) La decisión política de Montoro es coherente con la obsesión (más o menos comprensible) de los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, de encarar sus compromisos frente a los mercados y la UE, donde quieren tener dos certezas: que exista la decisión de controlar el déficit de las autonomías y, mientras, tener la garantía que ninguna de ellas entre en default. Montoro no lo tiene fácil ya que si el Estado asume el respaldo de las autonomías, la prima de riesgo española puede subir. En otras palabras, se está trabajando para conseguir que, vía Estado, la GV pueda hacer frente a sus deudas a los operadores financieros, aunque en ningún caso ello garantice ni el pago de la deuda existente a los proveedores, ni que se pueda mantener el nivel de gasto con el que hemos venido operando.

Las conclusiones a las que pueda llegar mañana el CPFF van a ser muy trascendentes para el futuro de los servicios que la GV está ofreciendo y desgraciadamente el Consell llega a ésta reunión en condiciones muy desfavorables, a tenor de la cronología registrada. Durante los últimos meses en los que Francisco Camps estuvo al frente de la GV y más concretamente desde el mes de mayo de 2010 —cuando se dispararon todas las alarmas con ZP asumiendo su autoinmolación, aclarando los compromisos que tomaba el Reino de España—en Valencia no se tomó decisión alguna. Teníamos un Consell paralizado por cuestiones que nada tenían que ver con la toma de medidas relacionadas con la crisis, ante el avance de los trabajos del juez Flors.

Con las elecciones ampliamente ganadas por el PP y con Fabra al frente de la GV, la necesidad de repetir los buenos resultados en el 20N, como así fue, supuso el planteamiento en el verano de 2011 en el CPFF de unas medidas que hoy sabemos resultaron fallidas, cuando no directamente falsas (valga el ejemplo de todos los inmuebles que la GV dijo iba a vender y que no han reportado un solo euro). Allí, el equipo económico de Fabra malgastó toda la credibilidad que pudiera tener, incluida la que le profesaban sus propios compañeros de partido.

Con Rajoy en La Moncloa, desde la GV se plantea el primer problema de dimensiones estatales que sufre el nuevo Gobierno. El actual Consel ni coloca los bonos patrióticos, ni puede hacer frente a un préstamo de menos de 130 millones de euros.

Con este bagaje, Fabra debería pensar si su equipo esta en condiciones de afrontar la situación que vamos a vivir y que va a venir determinada por los reales problemas de financiación que la GV vive; el entorno de los escándalos que surgen como setas en esta tierra y el tiempo perdido en tomar decisiones dolorosas y solventes. Sin ningún animo de exacerbar la crítica con lo actuado y pensando en la necesidad de contar con cabezas menos gastadas al frente de consellerias importantes, parece una condición necesaria para afrontar la situación que Fabra se plantee si él mismo está en condiciones de afrontar las duras circunstancias que nos aguardan y en caso de que decidiera seguir, debería pensarse, más allá de los problemas domésticos del PP, en recurrir a personas distintas, con menos responsabilidades en decisiones anteriores que hoy sabemos fueron equivocadas e imprudentes. Si la cosa debe llegar a un gobierno de concentración, es algo que queda para mejor ocasión.