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No entraremos en el auténtico significado -¿supone una bendición o una maldición?- ni el origen geográfico, étnico o cultural del dicho "Ojalá vivas en tiempos interesantes", pero lo cierto es que parece que hoy vivimos en uno de ellos. De hecho, los viernes, días en los que normalmente se reúne para tomar decisiones el Consejo de Ministros, han dejado de ser el inicio del fin de semana para convertirse en el inicio de la recreación semanal del mundo o, al menos, del mundo político, financiero, económico, administrativo, laboral, tributario,… Cuatro de los últimos Consejos celebrados han traído importantes medidas fiscales -presentadas como "el inicio del inicio", en el caso del Consejo del día 30 de enero y la aprobación del Real Decreto Ley 2072011, en lo que algunos han querido ver, precisamente, como la reescritura de un Génesis tributario-, pero también de carácter financiero y administrativo, es decir, de genuina política económica o de economía política, elijan ustedes.

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El Consejo del pasado día 20 de enero contiene un Informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 17 de enero de 2012, por el que se adoptan medidas extraordinarias en materia de política financiera y se analizan los principales elementos de una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas. Se pretende, ni más ni menos, dotar de estabilidad a las finanzas del conjunto de las Administraciones públicas, de todas ellas, sean de ámbito estatal, autonómico o local, mediante el establecimiento de "techos de gasto" y "reglas" sobre la evolución del gasto. Surge de nuevo, y así se subraya, la necesidad de dotar de eficiencia a los servicios públicos, para lo que se exige a las Comunidades Autónomas emprender las actuaciones que sean necesarias para su mejora, de manera que se eviten duplicidades en la actuación de las Administraciones Públicas, reordenando y racionalizando el sector público autonómico.

También se hace mención en esa ocasión a un Informe de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia sobre la situación de los organismos reguladores -aquellos que tienen por objeto supervisar políticas sectoriales y hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración- y su posible reforma integral para clarificar competencias, reducir su número, simplificar su estructura y funcionamiento y aumentar la profesionalidad, neutralidad e independencia de sus miembros.

En el Consejo del día 13, por su parte, ya se presentó un Informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que se aprobará en breve, cuyos primeros objetivos serán el control del déficit público y garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones públicas, en un entorno de igualdad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional.

El Consejo del día 5 de enero (un jueves disfrazado de viernes) incorporó un Informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector público empresarial en España en el que se pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y estructura del mismo con el fin de garantizar la eficiencia de la actividad pública, reduciendo su dimensión, controlando su actividad y racionalizando su organización, en un marco de disciplina en la que tiene que desarrollarse la actividad de las Administraciones públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan. Para ello se postulan acciones en un marco de colaboración interadministrativa, frenando y reconduciendo la "huida del derecho administrativo" que se ha producido en la gestión de los servicios públicos, en los últimos años y estableciendo un mecanismo de control/información previo de los gastos gestionados mediante encomiendas de gestión y fórmulas de asociación público-privadas y fórmulas de cooperación interadministrativa -en especial los consorcios-, como principal figura elegida para instrumentar la necesaria colaboración entre administraciones públicas a fin de evitar duplicidades en la prestación de servicios.

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Finalmente, el Consejo de Ministros celebrado el 27 de enero incorpora la decisión de elaborar un anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que afectará a todos los órdenes de las Administraciones Públicas.

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Les hablaré ahora de otro Consejo: el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y, asimismo, de los Colegios que lo conforman. Por una razón: en los últimos años ha ofrecido a todas las Administraciones Públicas de ámbito estatal, autonómico y local, la suscripción de Convenios y Encomiendas de Gestión que supusieran, precisamente, con estas mismas palabras –tan parecidas a las que hemos recogido en las referencias de los últimos Consejos de Ministros-, y entre otros proyectos, la superación de las duplicidades, ineficiencias e ineficacias, el control y contención del gasto público sin menoscabo de la calidad y cantidad de servicios públicos, la adopción de fórmulas de asociación público-privadas –y, en nuestro caso, como Corporación de Derecho Público, de fórmulas de asociación público-público- sin externalización de servicios de interés general sino mediante fórmulas de cooperación interadministrativa.

En algunos casos tales Convenios y Encomiendas se han suscrito y están en marcha. En otros, su suscripción ha sido muy reciente (con el Consejo de Registradores, el pasado día 19 de enero, por ejemplo, para el intercambio de documentación electrónica) y en otros (Encomiendas con Tráfico y con la Agencia Tributaria, por ejemplo) están ampliándose sus contenidos. Pero ahora, "ante un entorno de crisis económica profunda y duradera, de austeridad, de control del gasto público y de contención del consumo, del gasto privado, de las inversiones públicas y privadas y de dificultades en la creación y mantenimiento de empresas y empleos", como ha señalado recientemente el flamante Presidente de nuestro Consejo General, Ángel Pons, más que nunca, con más motivos que nunca, por razones de auténtico interés general, debemos reiterar nuestro ofrecimiento, como representantes de lo que se ha dado en denominar Administración Institucional, en la seguridad de que la cooperación, la colaboración mutua, es un buen camino para evitar duplicidades administrativas, superposiciones competenciales e ineficiencias en la prestación de servicios públicos. Esta es nuestra principal aportación a la petición de sugerencias en materia de ahorro que la Generalitat Valenciana ha anunciado y ofrecido desde la web www,capavant.gva.es, tal y como recoge este periódico en su edición del pasado sábado. Y lo hacemos plenamente convencidos, como un ejercicio de responsabilidad profesional e institucional en unos tiempos que, nos guste o no, parecen ser interesantes.

Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de España.