Entre los años 1940 y 1990 se produjeron en el Estado español robos organizados de neonatos. En la trama estaban involucrados médicos, matronas, funcionarios y rectores. Los afectados, según los cálculos de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), podrían ser cerca de 300.000 en todo el Estado. Las fiscalías de Valencia, Alicante y Castellón ya cuentan con cientos de denuncias de niños robados y cada día siguen apareciendo más casos. No obstante, si no se realizan más es por las dificultades que encuentran las afectadas y afectados en el momento de recabar la documentación necesaria para proceder a la denuncia.

Se dan casos cruelmente surrealistas. Algunos de ellos relatan cómo los hospitales contestan a ancianas mujeres que reclaman sus historiales médicos que nunca parieron ni pasaron por allí. Otros describen que las maternidades decían a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto y pedían a los padres que buscaran una caja de madera o cartón y fueran rápidamente a enterrar a sus hijos en fosas comunes.

En muchos casos, a la hora de exhumar los cuerpos se ha descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes. El drama también alcanza a esos hijos robados que, ya siendo adultos, han descubierto que sus padres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse en pruebas de ADN, o bien al descubrir falsificaciones e incongruencias en su documentación. Pero esto es algo sabido, una de esas historias insoportablemente reales e incómodas que es preferible no remover para unos cuantos.

En el pleno de les Corts se perdió la semana pasada la oportunidad de abrir la puerta de la democracia al reconocimiento político de la existencia de este gran drama y a la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre la desaparición de bebés, desde el franquismo hasta los años 90, facilitando la creación de un banco de ADN para poder cruzar los datos de los denunciantes de los casos de robo y desaparición de neonatos, con el objetivo de ayudar a los afectados a encontrarse.

El PP ha frenado este avance y lo ha hecho presentando un texto alternativo en el que no cabían comisiones de investigación ni apoyo a la creación de bancos de ADN. Lo paradójico es que en Euskadi se ha llegado a un consenso parlamentario. Pero ni siquiera el texto resultante firmado por el PP del País Vasco, ha servido para que el PP valenciano atienda las necesidades de las víctimas.

Esto es algo tan grave y trascendente que no se puede comprender que no se apoye en los términos que demandan las afectadas y afectados si no es por el miedo a que la verdad salpique a determinados sectores que al PP no le interesa.

? Diputada autonómica de EUPV