Sin reconocer la profundidad del mal, no hay posibilidad de enfrentarse a él. Aunque parezca paradójico, hay que defender la decisión tomada el viernes por el Consell. De hecho se abre una puerta a la esperanza que hasta ahora estaba cerrada, pues sólo teníamos la oportunidad de ser testigos de un proceso suicida. Nos quedan tiempos muy duros, pero hoy todos los valencianos saben la verdad, un balance de gobierno que sólo se sospechaba y que demasiados responsables de la Generalidad Valenciana (GV) no reconocían.
El Reino de España está abocado a tomar decisiones muy desagradables y con los problemas adicionales que arrastramos en la Comunidad Valenciana (CV) la tozuda realidad ha hecho que la GV fuera la primera en pedir la intervención; un término que referido a Comunidades Autónomas (CC AA) significa acudir al Fondo de Liquidez Autonómica puesto en marcha por el Gobierno Central a la espera de lo que ocurra con Bruselas, con el Euro y con los que nos han prestado dinero durante demasiados años. El razonamiento de que nos seguirán otras CC AA es falaz («mal de muchos, consuelo de»). La petición formalizada el viernes era el paso inevitable a tenor de la situación financiera de la GV, tras una cascada de inconsecuencias, veleidades y corrupciones. Con la misma contradicción aparente que supone tener que asumir la amputación de un miembro cangrenado, hay que reconocer la necesidad imperiosa de lo decidido. Todo médico conoce la diferencia entre analizar las causas de un problema y lo inevitable de proceder con urgencia para, al menos, conservar la vida.
No hay que ocultar que todas las personas que de una forma u otra dependan de presupuestos públicos (funcionarios, pensionistas, receptores del desempleo, etc.) corren el riesgo de ver sus ingresos congelados cuando no disminuidos y que, en particular, aquellos que dependen de los presupuestos de la GV corren incluso más peligros. Es el momento de asumir que actúan en servicios tan fundamentales como educación y sanidad, los principales generadores del capítulo I de la GV. Para una parte importante de ciudadanos ello toca directamente a sus ingresos; para la totalidad de ciudadanos hablamos de cubrir necesidades básicas. No es fácil el problema, pero debemos abordarlo y saber lo que es realmente prioritario.
Ahora ya no existen excusas, hay que hablar con claridad de cosas que no son fáciles: sobre lo que podemos esperar de los servicios gestionados por la GV y de si ésta está en condiciones de permanecer en su papel actual, de enunciar prioridades colectivas, de debatir lo que es básico y de lo que es prescindible y en el caso de lo primero, abrir caminos para que estos servicios sobrevivan. Si queremos tener una existencia digna, deben desaparecer las demagogias, las insolvencias y las veleidades que lindan con la mentira y la corrupción. Este es el papel que les corresponde a aquellos que hemos elegido en un ejercicio democrático.
Con la experiencia y las decisiones tomadas durante los últimos meses por nuestros vecinos italianos, hoy sabemos que los Berlusconi locales y sus equipos (¿qué sentirá Camps en sus meditaciones?) deben desaparecer de la vida política. Ha llegado el momento de llamar a los mejores y más preparados para ponerlos al frente de las decisiones que se den en la CV. Si éstos son políticos legítimamente elegidos mucho mejor, pero deben actuar de forma inmediata, y si éstos no se sienten capaces de actuar, recordar que hay países con más tradición democrática que la nuestra que han recurrido a la capacidad de los tecnócratas (Monti en el caso italiano, para sustituir a Berlusconi) sin que ello suponga una ruptura del sistema parlamentario vigente.
Con independencia de los talentos que los adornen, los responsables políticos de la CV, tanto del PP como de la oposición, tienen dos cosas que hacer, de forma simultánea: La primera es tarea de todos ellos y consiste en tratar de atisbar cómo podemos salir de ésta, con las menores injusticias posibles; la segunda, casi exclusiva del PP, pasa por presentar determinadas dimisiones y denuncias ante los juzgados, ya que la ciudadanía difícilmente va a aceptar sacrificios sin que determinadas responsabilidades vayan camino de su depuración y castigo. La inercia de la corrupción desmoraliza a los ciudadanos y aquí nos hemos permitido demasiados personajes para quienes el dinero de los ciudadanos era un bien mostrenco, mientras que el despilfarro se premiaba con la impunidad. Aunque el corazón de muchos ciudadanos, con independencia del voto que hayan emitido, pide priorizar la justiciera segunda tarea, el cerebro dice que la primera es más urgente y difícil, ya que hablamos de supervivencia. Hay que ponerse manos a la obra. Ambas tareas no deberían ser incompatibles.
A partir de hoy, 23 de julio de 2012, la CV va a empezar a vivir las consecuencias de un importante cambio cualitativo en sus posibilidades de servicio público. Hoy interesa saber cómo y cuánto vamos a reducir y adaptar aquellas cosas que nos afectan a todos como colectividad, en particular la sanidad y la educación. La tarea no es fácil pues siendo ambos servicios básicos, su dinámica no es la misma; mientras que los ajustes en temas educativos, con excepción del peculiar mundo universitario, están en marcha, en la sanidad la situación es mucho más compleja y los números mucho menos inteligibles.
Cualquier debate que supere tanto la justa indignación como una descalificación sin alternativas creíbles necesita de grandes dosis de celebración y realismo. Para mantener la esperanza hay que ser claros acerca de las condiciones de contorno con la que enfrentamos el inevitable empobrecimiento en nuestra calidad de vida.
No hay que engañarse respecto a la existencia de diagnósticos al respecto, y creo poder afirmar que no existe ningún análisis en profundidad, en clave de CV, acerca de cómo salir de ésta. Esta carencia incluye a los partidos que cuentan con toda legitimidad de presencia en las Corts. Tras intentar analizar lo que hay detrás de los cuatro grupos políticos, y mas allá de personas bienintencionados y honradas, el balance que uno se encuentra es duro: un PP irremediablemente lastrado por su incompetencia, no exenta de retazos de corrupción siciliana; un PSPV autista y cada vez más despoblado de militantes solventes; un Compromís más cercano a la refrescante camiseta mediática que al análisis profundo de la realidad y una Izquierda Unida fundamentalista y llena de eslóganes de otros tiempos. Pidiendo disculpas por la posible rudeza de este balance, nadie debe ignorar que estos cuatro grupos tienen toda la legitimidad democrática y a ella hay que recurrir, en días difíciles y trascendentales como éstos.
Dicho lo anterior humildemente sugiero que en cuestión de días Alberto Fabra, Ximo Puig, Enric Morera y quien sea por parte de Esquerra Unida, se reúnan para algo más que denunciar a los responsables del desastre que ahora sufrimos. Los líderes no están para cortar cabezas sino para decir verdad y proponer soluciones, explicándolas a los votantes respectivos. Las reacciones aparecidas el viernes deben ser repensadas, tanto por su variedad, como por la carencia de alternativas que de ellas se desprenden y que fueron desde la mera petición de una comparecencia del presidente de la GV en las Corts para dar explicaciones, hasta la exigencia de su dimisión y la convocatoria de elecciones autonómicas, e incluso con la Sindicatura de Cuentas por medio.
Si por cualquier razón, éstos responsables políticos no fueran capaces de plantear un plan de Gobierno, quizás convendría atreverse a hablar de un ejecutivo de corte tecnocrático para la GV, con toda la limpieza y solvencia que fuera necesaria. De no conseguir nada, la alternativa final parece obvia, desmantelar de forma más o menos parcial la GV como ahora la conocemos y tratar de que Madrid, Fráncfort y Bruselas nos respeten, tanto en el caso de que el euro sobreviva , como en el que éste desaparezca.
En cualquiera de las tres opciones (gobierno de concentración, Consell tecnocrático pactado o disolución de facto de la GV) hay que hacer una lectura realista, en clave de CV, de esta guerra sin muertos que estamos experimentando. Insistir que en paralelo la exigencia de responsabilidades es imprescindible y no será aceptable que la protección de una serie de políticos amortizados influya en las decisiones a tomar.
