El caso del trabajador boliviano que perdió su brazo hace más de dos años en un accidente laboral en una panificadora de Gandia, y aún está a la espera de juicio, que Levante-EMV desveló ayer, vuelve a poner en evidencia el colapso que vive la justicia valenciana. Los juzgados de lo penal acumulan en la actualidad casi 25.000 juicios pendientes de celebración, tras un aumento de 500 en el último año. Y, lejos de mejorar, se prevé que la situación empeore en los próximos meses a causa de los recortes que impiden poner en marcha nuevos juzgados. De hecho, la Conselleria de Justicia ha tenido que renunciar a los 15 que el Gobierno había autorizado. Un informe del Consejo General del Poder Judicial estima que la Comunitat Valenciana necesita más de 70 nuevos juzgados para dar salida a todo el volumen de casos que llegan a los tribunales.
Mientras tanto, los propios jueces intentan aplicar medidas que alivien aunque sea parcialmente la presión que sufren, como el plan puesto en marcha en Valencia para incentivar la conformidad en los conflictos y evitar la comparecencia de 5.500 testigos y 330 peritos al año. Pero los problemas que aquejan a la Administración de Justicia necesitan remedios más contundentes por parte de sus responsables €en este caso, la Generalitat€ que simples paños calientes, y pasan por la agilización de los procedimientos y por la dotación de medios materiales y humanos a unos juzgados sin personal suficiente y a veces sin papel siquiera para fotocopias. Y la justicia lenta, no es justicia.
