La acuciante necesidad del Consell de generar ingresos con los que enjuagar el déficit y afrontar los pagos de la deuda le ha llevado ahora a plantearse la privatización de todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se trata de un paso más en un proceso en el que semanas atrás anunció la privatización de la gestión sanitaria de toda la Comunitat Valenciana mediante la concesión de diferentes servicios por lotes a cambio de un canon a pagar por las empresas que resultaran adjudicatarias. Con este concurso pretendía obtener ya este año 360 millones de euros, casi una tercera parte de los 1.116 millones presupuestados como ingresos en el plan de saneamiento de las cuentas autonómicas. Sin embargo, las trabas legales planteadas por la Abogacía de la Generalitat, primero, y por la del Estado, después, así como las reticencias de las empresas aspirantes a acudir al proceso en las condiciones inicialmente establecidas, han terminado por abortar este proceso, tal como hoy desvela Levante-EMV. Este hecho supone un importante tropiezo en la estrategia financiera del Ejecutivo autonómico, hasta el punto de que al día siguiente de decidirse la suspensión del proceso se solicitó la ayuda de 3.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico habilitado por el Gobierno central. En este contexto, resulta especialmente significativa la negociación del Consell con un grupo de bancos españoles para un crédito con el que atender 98 millones de vencimiento de deuda este mismo mes de agosto. Ahora, la búsqueda de ingresos se hace aún más acuciante, agotándose las vías extraordinarias, sin que la recaudación fiscal tenga visos de recuperarse a corto plazo, antes bien todo lo contrario, y sin que los recortes aprobados parezcan ser suficientes.
