Levante-EMV ha publicado esta semana un comentario editorial en el que denuncia el deterioro de nuestro patrimonio histórico-artístico y, como ejemplo paradigmático, menciona que los matojos crecen sin control entre las gárgolas góticas y los muros centenarios del Micalet de Valencia.
El Círculo de Defensa del Patrimonio expone, además, que este estado de abandono afecta también a variados puentes y edificios históricos, entre los que también incluye la iglesia barroca de Santo Tomás y San Felipe Neri y el pórtico principal de la iglesia de los Santos Juanes.
Ambos culpan de esta situación a la sequía inversora de las Administraciones Públicas y a la escasa aportación privada, vía mecenazgo. Desde nuestra asociación Avall ya hemos denunciado en muchas ocasiones el contrasentido de que este recorte inversor de las Administraciones Públicas vaya acompañado de sustanciales subvenciones a la Iglesia precisamente.
La oportuna denuncia del Círculo de Defensa del Patrimonio debe ir dirigida no solo contra la Administración Pública por no cuidar el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad, sino muy señaladamente contra la administración eclesial de esta diócesis, receptora de cuantiosas ayudas de dinero público para, entre otros fines, la conservación del patrimonio artístico cuya titularidad detenta la Iglesia y que, según podemos constatar por la denuncia, está desatendido.
La Iglesia debe rendir cuentas del dinero público que recibe. Bien se ocupó ésta de inscribir a su nombre todas las propiedades que hasta la fecha no tenían titularidad porque siempre se consideraron bienes comunales. En efecto, una reforma de la ley, bajo el gobierno Aznar, atribuyó a la autoridad eclesiástica la facultad de registrar a su nombre ese tipo de bienes. Ha llegado incluso a inscribir a su nombre la propiedad de la Mezquita de Córdoba y obtiene de ello pingües beneficios si consideramos que esa joya del arte islámico recibe algo más de un millón de visitantes al año, a razón de ocho euros por cada entrada.
En el caso que nos ocupa y que Levante-EMV destaca en sus páginas interiores con fotografía incluida, la Iglesia cobra tres euros por visitar la Catedral de Valencia (y tengo entendido que 2 euros más por subir al Micalet). Basta con multiplicar estos tres, o posiblemente cinco euros por los cientos de miles que visitan ese recinto cada año para preguntarse razonablemente si la Iglesia valenciana no podría hacer algo más para proteger un patrimonio tan ligado a los valencianos aunque registralmente no sea nuestro.
