Hace un siglo que se establecieron los fundamentos del Estado de bienestar. En pleno auge del liberalismo político, el Estado providencial se expandió para paliar las indiscutibles market failures, es decir, deficiencias o fallos del mercado que generaban desigualdad, pobreza y conflicto social. Las comisiones e institutos de reformas sociales, las leyes protectoras de la infancia, la regulación del trabajo infantil y femenino, los sistemas de seguros sociales, la protección frente al desempleo y la enfermedad fueron iniciativas políticas a comienzos del siglo XX para hacer frente a las consecuencias indeseadas del capitalismo, que atentaban contra los valores de la burguesa sociedad liberal. Las nefastas consecuencias del laissez faire dieron paso en Europa, desde finales del siglo XIX, a la intervención del Estado liberal como elemento atemperador de desigualdades mediante políticas públicas, un liberalismo puritano y de rostro humano, tan ajeno al avaricioso neoliberalismo conservador actual.
La crisis del período entreguerras, las tensiones internacionales, las revoluciones sociales y el hundimiento de las finanzas y la economía en la década de 1930, la tremenda crisis de desempleo y la depresión económica subsiguientes trasladaron a la arena política y al terreno de la diplomacia y la negociación la solución de los tradicionales factores naturales de regulación de la población y de los conflictos: el hambre, la guerra, la pobreza, las epidemias o la marginalidad. El Estado liberal se transformó en instrumento político regulador de la sociedad, de modo que, durante la primera mitad del siglo XX, la economía era subsidiaria de la política y estaba limitada por unos valores cívicos bien delimitados, eso sí, por la ética liberal. Por eso, frente a la identificación de los graves problemas o realidades moralmente intolerables: el desempleo, la mortalidad infantil, la malnutrición y la hambruna, la miseria rural, la tuberculosis o las enfermedades venéreas, las todavía rudimentarias instituciones públicas pusieron en marcha iniciativas como las gotas de leche, los dispensarios materno infantiles y anti-venéreos, las campañas sanitarias contra la malaria, los institutos de puericultura, las leyes de protección a la infancia, los seguros de accidentes laborales y otras muchas iniciativas con las que el Estado intentaba dar respuesta a los graves fallos del mercado. Y frente al hambre y la pobreza en las zonas rurales, desde el monarca (Alfonso XIII) hasta los obispos (el de Plasencia), pasando por las autoridades médicas (el doctor Marañón), artistas (Luis Buñuel) e inspectores de sanidad (algunos instruidos por el International Health Board de la Fundación Rockefeller) pusieron en marcha la campaña de las Hurdes, una de tantas campañas de intervención sanitaria contra la pobreza rural que tuvieron lugar en España en los años 20 y 30.
El contexto que se ha descrito, grosso modo, es comparable al resto de Europa, donde el Estado se implicó en la promoción de la investigación científica, la educación de la población y, en definitiva, en elementales políticas públicas para paliar las desigualdades y obtener el mínimo grado de bienestar social moralmente aceptable. La administración sanitaria republicana dirigida por Marcelino Pascua multiplicó los centros de higiene rural y formó enfermeras visitadoras de salud pública, mientras la inspección médica escolar, los comedores escolares, los campamentos de verano y las colonias escolares eran iniciativas públicas frente a la tuberculosis y el hambre, y los sistemas de racionamiento y los comedores comunitarios eran instrumentos para atemperar el desempleo y la marginalidad.
El conjunto de la sociedad y especialmente el Estado y las administraciones públicas se sintieron concernidos durante la gran crisis, antes incluso de la II Guerra Mundial, antes del keynesianismo y de la invención de la socialdemocracia. Era una cuestión de política, de valores y de derechos sociales. En pleno auge del liberalismo, el gobierno y el Estado aspiraban a compensar los evidentes fallos del mercado, lo que indica que hace un siglo la ideología económica no dominaba sobre la política y los valores en el análisis de la realidad social, sino que estaba al servicio de ellos.
El modelo social europeo y su traducción en términos de Estado de Bienestar tras la II Guerra Mundial representa el desarrollo o la culminación de una sociedad en la que los derechos constitucionales pasaron a ser compromiso político y no sólo reconocimiento jurídico. Como afirma Jürgen Habermas en su reciente libro Zur Verfassung Europas. Ein Essay (2012), el derecho constitucional al trabajo, la educación, la salud o la vivienda no son solo el reconocimiento legal de un derecho: significan un compromiso político del Estado para hacerlos realidad.
Sin embargo, la crisis iniciada en 2007 ha subvertido radicalmente el papel de los actores sociales y las instituciones. El (mal) llamado neoliberalismo y las políticas neoconservadoras han invertido los términos: el delirante discurso que domina en Europa viene a decir que la causa de la crisis son los fallos del Estado, cuya excesiva intervención hay que minimizar para que sea el mercado quien arregle el desastre. Poner la dinámica del mercado global por encima de unas políticas nacionales e internacionales que lo regulen y dejar de lado los valores tradicionales de la sociedad y la cultura europeos nos está llevando al desastre. Ahora resulta que los problemas sociales ya no se conciben como fallos del mercado, sino como excesos del Estado, un Estado que hay que recortar y si fuera posible suprimir en beneficio de iniciativas privadas supuestamente más eficientes.
La historia nos enseña lo contrario. La estrategia que se está aplicando es cínica e inmoral y nos traslada a un retroceso histórico más allá del liberalismo clásico en el ámbito de la política y de los valores. Estamos volviendo a concebir el desempleo, la malnutrición y el hambre, el desahucio y los derechos laborales con parámetros propios de una sociedad esclavista pre-industrial con la falacia de arreglar la economía para salir de la crisis. ¿Dónde está el compromiso social del Estado, de las instituciones públicas y privadas? ¿O no es un síntoma el joven becario alemán explotado, como tantos otros jóvenes europeos, que murió de agotamiento tras 72 horas de trabajo en el Bank of America de Londres? Los salarios de hambre llamados minijobs, la renuncia a las políticas públicas por la universalidad de la salud y la educación y al papel redistribuidor de la riqueza del Estado solo beneficia a un sector social privilegiado y poderoso, incrementa las desigualdades y la pobreza. Es la versión más descarnada del capitalismo de la codicia, que sin duda repudiaría el propio Adam Smith. ¿Es ése el modelo de sociedad que nos va a sacar de la crisis? ¿O es que la crisis es realmente el estado de cosas que ese capitalismo de la codicia y sus instituciones tanto anhelan?
La izquierda europea tiene que plantear con urgencia un modelo alternativo claro basado en políticas públicas acordes con lo que hasta ahora ha sido el modelo social europeo, donde una política democrática transparente y sin corruptelas, la economía social, el cooperativismo, las finanzas públicas, el control público de los sectores estratégicos (energía, educación, transporte, comunicación, infraestructuras, sanidad) y una Administración saneada permitan recuperar, paradójicamente, el viejo objetivo de preservar lo que tuvimos, el Estado de bienestar, la reducción de las desigualdades en una sociedad más justa, el concepto político y moral del bien común, algo que ayer parecía poco y hoy resulta casi inalcanzable. La crisis ha arrasado muchos derechos sociales conseguidos tras siglos de esfuerzo, conflicto y negociación, pero su peor efecto es que nos ha hecho rehenes de nuestra propia impotencia. Y al interiorizar el discurso de la derrota nos entregamos sin resistencia. Hay que pasar de la indignación a la acción para recuperar el futuro.
