Un programa de televisión ha puesto al descubierto la lamentable situación de las prisiones en muchos países y ha tocado la fibra sensible de los ciudadanos, poniendo el acento en los españoles que cumplen condena en esos países, abandonados por un Ministerio de Asuntos Exteriores que demuestra, en el día a día, la ausencia de competencia profesional, con contadas excepciones, de sus embajadas y consulados en cuanto a la protección de los ciudadanos en el exterior. Ahora bien, además de criticar la falta de profesionalidad de muchos de nuestros diplomáticos, lo que resulta urgente es reivindicar que nuestro país establezca acuerdos con todos los Estados para que, una vez juzgados y condenados, los ciudadanos puedan cumplir sus penas en el país en el que paguen sus impuestos. De manera que eso permitiría a los españolitos tentados por el dinero fácil del tráfico de drogas en países del Tercer Mundo, disfrutar de las prisiones que tenemos aquí y que se costean con los impuestos de todos nosotros.

Por otra parte, nunca he entendido que los gastos generados por encausados y convictos a quienes se les incautaron cantidades ingentes de dinero obtenidas por medios ilícitos, deban asumirse con cargo a los presupuestos generales. Así se me hace difícil digerir que el escaso tiempo que Conde o Roldán pasaron en la cárcel por condenas relacionadas con delitos económicos, de los cuales nunca resarcieron a sus víctimas, fuese abonado por todos nosotros. De la misma manera que estoy convencido de que es a Bárcenas, quien tan fácilmente pagaba viajes y estancias en hoteles de lujo, a quien le corresponde asumir el pago de los costes de su estancia en prisión, reservando un papel subsidiario al Estado para aquellos casos en que los reos carezcan de recursos.

Además, el relacionar el cumplimiento de las penas con el abono de impuestos evitaría que nuestro país ofreciera a los delincuentes foráneos unas condiciones de vida mejores de las que disfrutan en sus países y serviría de argumento para que nuestros queridos oligarcas dejaran de fijar su domicilio fiscal en paraísos económicos. Como ven, todo un mundo de dudas y sugerencias el que surge al considerar los servicios penitenciarios de un país y entenderlos como castigo o como sistema de autoprotección de la sociedad.