Siete años y medio después de la tragedia que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47 en el metro de Valencia, la Justicia ha dado la primera satisfacción a las víctimas y a sus familiares al estimar parcialmente un recurso contra el que parecía que iba a ser el último auto de archivo de la causa y ha obligado a reabrir el caso. Pero la Audiencia de Valencia no se ha limitado a examinar los textos jurídicos de una y otra parte. En un auto que sorprende por su sensibilidad hacia quienes sufrieron la pérdida de familiares y amigos, los magistrados ordenan que se investiguen pistas y testimonios que nunca fueron tenidos en cuenta hasta agotar cualquier resquicio. «No puede dejarse indefensos a quienes en la legítima búsqueda de la verdad objetiva y la reparación adecuada pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación», señala el auto en uno de sus pasajes, que podría ser suscrito por los familiares de las víctimas o cualquiera de las personas y colectivos que les han apoyado en todos estos años.
La comprensión de los jueces se hace evidente en esta decisión y deja más en fuera de juego a los responsables políticos y técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, quienes, pese a algunos gestos como la audiencia de Alberto Fabra que Camps nunca concedió a las víctimas, se mantienen en una frialdad que estremece. Así, la investigación se reabre centrada en las causas del accidente, los fallos que la unidad siniestrada registró antes de la tragedia y otras deficiencias sobre las que Levante-EMV lleva insistiendo siete años y medio, desde el primer día y demasiadas veces en solitario, como saben las víctimas y los lectores del periódico, y como continuará haciendo en la nueva etapa judicial del caso. Es nuestra obligación.
