Espoleado por el mal resultado de las elecciones europeas, el Gobierno de Rajoy acaba de precipitar una reforma fiscal que alegra porque reduce al fin algunos impuestos -unos más que otros y para unos más que para otros, qué esperábamos- pero al mismo tiempo inquieta por lo que supone de oportunidad perdida para intentar reequilibrar las insostenibles cuentas del Reino.

Después de seis largos años de ajustes, bajadas de sueldos y dieta austera, a partir del próximo enero los españoles dispondremos de unos cuantos euros más al mes para gastar. Pero no porque estemos ya fuera de peligro y podamos permitírnoslo, que ojalá, sino porque Hacienda ha decidido aliviar un poco la presión sobre nuestros esquilmados bolsillos para animar el consumo y, con él, la creación de empleo y las expectativas electorales del PP.

Las arcas públicas dejarán de ingresar 9.000 millones de euros como consecuencia de las rebajas fiscales sin que se ofrezcan alternativas a semejante caída de la recaudación que despejen cualquier duda sobre la financiación de los servicios públicos y la reducción del déficit impuesto por la Unión Europea cuando acudió al rescate de nuestros bancos. El Gobierno lo fía todo a la recuperación económica, hoy por hoy demasiado tímida todavía, pero sigue sin hacer frente de una vez y en serio a la imperiosa necesidad de reducir el gasto de la Administración.

Ningún ayuntamiento, autonomía o Estado puede desembolsar indefinidamente más euros de los que colecta. Y éso es precisamente lo que se viene haciendo en España desde hace demasiado tiempo y sin propósito de enmienda a juzgar por lo que estamos viendo. Si el objetivo es preservar la educación, la sanidad, los servicios sociales, las prestaciones por desempleo y las pensiones, pilares de nuestro valioso Estado del Bienestar, no pueden seguir aplazándose por más tiempo las reformas que dictan no ya los expertos sino el más elemental sentido común.

Las dificultades del momento obligan a cortar de raíz el dispendio. Hay que podar las ineficiencias que comprometen el futuro de nuestros servicios básicos. Urge cerrar el grifo a las élites extractivas que nos parasitan para mantener su estatus. Nadie puede decir que no cabe mayor recorte del gasto público cuando a diario vemos duplicidades inadmisibles que persisten, asesores que se incorporan por doquier y covachuelas en las que políticos amortizados o amigos del régimen mantienen su tren de vida a costa del erario mientras les llega la jubilación que los más jóvenes ven amenazada. ¿A cuántos de este o aquel partido conocemos con empleos de poco trabajo y sustancioso provecho que costea el contribuyente? Pues empecemos por ahí.