Por la asistencia social al ciudadano en los juzgados

Son muchas las propuestas de reforma de la Justicia que se han formulado en los últimos años. Es evidente que los medios son escasos y la necesidad de un pacto de Estado es ya una demanda recurrente, casi un clamor. El diagnóstico está hecho y ahora sólo hace falta voluntad para llevar a cabo dichas reformas.

No obstante, hay una cuestión frecuentemente omitida cuando se trata de abordar las necesidades del sistema judicial: la necesidad de mejorar la asistencia social al ciudadano que acude al juzgado. Cada día, los jueces detectan numerosos problemas sociales en el desempeño de su función judicial ante los que en principio poco pueden hacer. Sin embargo, el sistema judicial tiene una enorme potencialidad como filtro en la detección de este tipo de problemas. Pero hay un innegable déficit en lo que podríamos denominar la asistencia o información de índole social tras el primer contacto con el juzgado. Lo que podríamos denominar la información asistencial extra o post-judicial, no existe en las sedes judiciales.

Las oficinas de asistencia social en los juzgados. Los jueces de Valencia, a través del Decanato, han realizado una propuesta muy sencilla pero que podría ser muy útil en este aspecto: crear oficinas de información y asistencia social al ciudadano integradas por trabajadores sociales „y eventualmente juristas„ cuyo fin sería orientar a los usuarios del sistema judicial en cuestiones o problemas de índole asistencial vinculadas a los pleitos.

Dichas oficinas ya existen en el ámbito sanitario y hoy por hoy son también imprescindibles en la justicia porque son muchos los conflictos de todo tipo que suelen acabar en los juzgados y muchas veces se trata de situaciones que no se solucionan sólo con la respuesta judicial. Son miles los ciudadanos que diariamente plantean demandas y denuncias tanto en asuntos civiles como mercantiles, laborales, penales, administrativos... Debe tenerse presente que sólo en Valencia prestamos servicio en los juzgados 115 jueces y cada día visitan la Ciudad de la Justicia entre 10.000 y 12.000 personas.

Los problemas y conflictos que afloran en los juzgados como consecuencia del pleito son innumerables. A veces muy graves. A menudo sangrantes. No es infrecuente que en este tema se utilice el símil del iceberg: el conflicto jurídico no es sino la parte emergida, lo visible, pero existe otra parte oculta que representaría el problema social que subyace al litigio y que muchas veces explica o contextualiza el conflicto jurídico o incluso es su causa. Nos referimos a situaciones relativas a familias desestructuradas, a personas desarraigadas o afectadas por los desahucios, a ancianos desatendidos o abandonados, a drogodependientes, a menores desamparados, a personas con capacidad disminuida, a situaciones que subyacen la violencia de género, etcétera.

Podría argumentarse que ya existen las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que realmente llevan a cabo una labor encomiable. Pero actúan en el ámbito específico de las víctimas de delitos, y en estas líneas nos referimos a algo mucho más ambicioso, no limitado a las víctimas, sino a todo conflicto social detectado en un juzgado, cualquiera que sea su ámbito.

En suma, las sedes judiciales son un punto de referencia inmejorable para detectar miles de problemas de índole social, un filtro perfecto para, a propósito de un conflicto, intentar dar alguna información o solución frente este tipo de problemas sociales y asistenciales (piénsese por ejemplo en los que a diario se plantean en el Juzgado de Guardia), asuntos que el órgano judicial a menudo no puede resolver, ya que actúa en el ámbito estrictamente jurídico. Pero, al margen de lo que el juez resuelva en el litigio o pleito, sí puede redirigir a los interesados hacia personas especializadas que pueden proporcionar la adecuada información asistencial. Debemos explorar y aprovechar esta potencialidad porque las sedes judiciales están en una posición inmejorable.

Funciones de la oficina de asistencia social. Como ya se ha señalado, dichos servicios ya existen en el ámbito sanitario en grandes hospitales, donde se detectan a diario problemas sociales a propósito de la asistencia sanitaria.

Las funciones de este servicio „que en la ciudad de Valencia ya ha sido solicitado por los magistrados/as de los juzgados de Instrucción y de los de Incapacidades„ podrían ser, a título de ejemplo, las siguientes: proporcionar información sobre la existencia de plazas en centros de rehabilitación, de inserción social, de rehabilitación psicosocial, materno infantiles, de atención a la mujer, a ancianos, a menores en situación de desamparo o a discapacitados; información sobre dependencia o servicios disponibles de ayuda a domicilio, de asistencia en situaciones de alcoholismo o toxicomanías, de medidas de inserción laboral, sobre prestaciones económicas de la Seguridad Social (contributivas y no contributivas), sobre ayudas e información en caso de desahucios; actuaciones sobre escolarización, localización de grupos de ayuda mutua, facilitación de personal voluntario, asistencia en situaciones de donación de órganos...

Dichas oficinas contribuirían a difundir e impulsar la mediación, informando a los ciudadanos sobre la posibilidad de acudir a estos medios alternativos de resolución de conflictos. Su implantación sería sencilla, el coste económico mínimo y el beneficio social, enorme. No hay que olvidar que precisan de muy escasos medios pero contribuirían a la prestación de un servicio integral en los juzgados, no sólo jurídico, sino también social.

La propuesta ha sido comunicada a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que la ha acogido muy positivamente, hasta el punto de que la ha trasladado a la Conselleria de Justicia. Por otro lado, todos los jueces decanos de España se han pronunciado recientemente a favor de la implantación oficinas de esta naturaleza en todos los juzgados españoles, al considerarlas imprescindibles para un servicio integral y de calidad.

En conclusión, este tipo de oficinas complementaría el trabajo judicial con el diagnóstico social, con apoyo e información, buscando posibles soluciones en el ámbito asistencial. Ello acercaría al sistema judicial, un poco más, a ese anhelado concepto de una justicia más atenta y cercana a los problemas reales de los ciudadanos.