Los árboles monumentales, qué bonito 'photocall'

Nadie cuestiona la protección del patrimonio histórico y artístico, ni que garantizar su continuidad sea una alta responsabilidad ineludible para los gobernantes. En cambio, no recibe el mismo trato y consideración el patrimonio arbóreo, a pesar de que ambos gozan de la misma protección legal. Es así desde hace una década, cuando Les Corts aprobaron por unanimidad la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental, con el voto de Puig desde su escaño. Una ley que el PP entonces gobernante sumió en el ostracismo político y administrativo, situación que no han enmendado quienes hoy ocupan cargos de responsabilidad en la conselleria de Medio Ambiente.

A pesar de todo, la entrada en vigor de la ley sirvió para acabar de un día para otro con el expolio de olivos milenarios. Eso sí, gracias a la eficacia, compromiso y profesionalidad del Seprona, porque ni los políticos ni los técnicos no han completado nunca sus deberes. Como en la corrupción, nos salva la Guardia Civil. Un ejemplo que afecta directamente a nuestro morellano president: en el Catálogo de Árboles Monumentales de la Comunitat Valenciana hay inscritos 277 olivos. A ver si adivinan cuál es el municipio de la Comunitat que más tiene incorporados. No pertenece al Maestrazgo. Ni siquiera el conjunto de la provincia de Castelló suma más, por increíble que parezca. Es Villena, con 119 olivos monumentales, todos procedentes de trasplantes. Suena raro, sobre todo porque las organizaciones agrarias del norte de Castelló llevan inventariados más de 4.000 olivos que nacieron allí hace siglos. En la consellería se niegan a incorporarlos, a pesar de reunir los requisitos.

Demasiadas palmeras monumentales, claman desde el Ayuntamiento de València que dirige el agrónomo Joan Ribó. Un ecologista que no tiene declarado ningún ejemplar de la ciudad como Árbol Monumental de Interés Local. Se ha limitado a colgar carteles en los árboles declarados por la Generalitat. Directamente en las ramas, para ahorrar, aunque lo prohíba la ley.

Por su parte, la Diputación de Valencia ha liquidado el Departamento de Árboles Monumentales, que llevaba 23 años funcionando en la empresa pública Divalterra, que preside el propio titular de la corporación, Jorge Rodríguez. El argumento esgrimido en el pleno provincial es que las diputaciones no tienen competencia en árboles monumentales. Pero la ley de patrimonio arbóreo ordena textualmente la participación conjunta de la Generalitat y las diputaciones provinciales y los ayuntamientos en la dotación financiera y de recursos materiales y humanos. ¿Prevaricación? El próximo mes de julio tendrán que dar explicaciones en los juzgados.

Otro ejemplo de por dónde van los tiros. O las hachas, decía. Se acaba de reunir la Comisión de Seguimiento, el órgano de control que establece la Ley de Patrimonio Arbóreo. Una comisión que carece de normas de funcionamiento y que no ha recibido hasta la fecha ningún informe escrito por la Generalitat. Difícilmente puede así evaluar y controlar la gestión pública de estos monumentos. Es más, sus miembros ni siquiera tienen acceso a los informes, estudios, documentos o denuncias en relación al patrimonio arbóreo. Por no tener, no tuvieron ni la presencia de la consellera, Elena Cebrián, ni la de su segundo y sin embargo enemigo Julià Álvaro. A quien Mónica Oltra sostiene contra viento y marea a pesar de trapacerías como intentar colar a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos un recorte drástico de la ley de los árboles. O quizá por ello.

Con estos mimbres está en juego el patrimonio arbóreo monumental valenciano. La recta final para consumar el desaguisado se acerca. Los recortes, talas más que podas, serán adoptados, con consenso social o sin él, en el ya próximo Seminari de Govern. Quizá a partir de entonces nuestros líderes no se atreverán a reunirse en el Botánico, que habrá perdido buena parte de sus monumentos declarados. O quizá sí. Los árboles no hablan.