El mes de julio suele ser de amplia carga informativa vinculada a la educación. Pero este julio está siendo verdaderamente granítico, pues el ciudadano, aunque sea experto lector de prensa, puede no haber llegado a comprender las propuestas legales del conseller Vicent Marzá y, por tanto, desconocer qué plan de estudios marcará las directrices formativas de su hijo o de su nieta. A esa situación se superpone que el conseller ha propuesto sus normas bajo el signo de la transversalidad, ha anunciado que reciclará a 14.000 profesores (¡!) para que formen en lengua inglesa y nos ha presentado a Miquel Soler despidiendo en el aeropuerto a la primera remesa de profesores cuando las EOI anuncian paros en septiembre. En paralelo, los jueces suspenden la puesta en práctica de ese plan de estudios y vienen reponiendo por su mediación conciertos que habían sido anulados por Marzá. Tal es el colapso y lío que la vicepresidenta no ha dudado en invitar a los jueces a «presentarse a las elecciones» para que satisfagan legítimamente sus deseos de hacer política; la respuesta de éstos no se hizo esperar. Todo este río de lodo, ¿qué deja en superficie? Una reflexión y una denuncia.

La reflexión me lleva a destacar que la búsqueda de consensos es la condición fundamental de la posibilidad de injerto y subsistencia de una ley de educación en las costumbres y en el tejido social. Una normativa en el campo de la educación que pretenda ser transformadora de las prácticas docentes y discentes, no puede brotar en un suelo político encanallado y en el que no existe muestra alguna de consenso entre nuestros representantes. Recordar esto es fundamental en estas latitudes. El legislador debe tener los votos y, por esa razón, debe liderar el logro de consensos cuando elabora una normativa que conforma algo tan básico como el mismo modo de aprender a ser y sentirse ciudadano, como la lengua o lenguas en las que puede exponer sus necesidades y defender sus derechos. La falta de acuerdo en leyes tan básicas solo pone de relieve la incapacidad de unos falsos dialogantes, su escaso valor político. ¿En qué medida esta incapacidad de acordar empobrece nuestra democracia y, más aún, la desvirtúa?

La denuncia la hago para requerir de las instituciones que satisfagan la cuota de sus deudas con la sociedad que las mantiene. Un solo ejemplo: cuando ya se han hecho públicas las calificaciones casi imposibles de quienes aspiran a cursar estudios universitarios en algunas titulaciones, nos vemos sorprendidos por un dato: los alumnos de Odontología de la Universtitat de València que han acreditado hasta el límite su capacidad, interés y rendimiento abandonan en un porcentaje del 32,5 % sus estudios al concluir el primer curso. Se aporta el dato y solo el dato. Ahora bien, ¿no se nos debe alguna explicación fundada y razonada de este desconcertante dato, pues nadie duda del interés, capacidad y adecuada orientación de estos alumnos?