El 20 de julio de 1810, día de mercado en Santafé de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada, fue la fecha escogida por los independentistas granadinos en clandestina rebeldía desde el Memorial de agravios de Camilo Torres (1809), precedido por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que había traducido Antonio Nariño en 1793. La idea fue crear un incidente -el florero de Llorente- que permitiese realizar en la plaza un cabildo abierto para proclamar la independencia del Reino de España.
El objetivo era leer el Acta de Independencia -preparada en el Observatorio astronómico que dirigía Francisco José de Caldas- y conformar una Junta Suprema inspirada, como otras en América, en la Junta Suprema de España e Indias, formada en Sevilla el 27 de mayo de 1808, al calor del levantamiento popular del día 2 en Madrid, reprimido por los invasores franceses e inmortalizado por Goya en Los fusilamientos de la Moncloa.
Y el 1 de octubre de 2017 es el día escogido por los independentistas catalanes, mayoritarios en el gobierno de la Generalitat, para realizar una consulta popular -legal para ellos e ilegal para el Gobierno de España- con una pregunta sobre el Estado independiente con forma de república. El 6 de diciembre de 2018 se cumplirán 40 años del referéndum que ratificó la Constitución aprobada en las Cortes surgidas de las primeras elecciones democráticas después de casi 40 años de dictadura franquista. El Estatuto de Autonomía de Catalunya fue aprobado en 1979.
El memorial de agravios del independentismo catalán se remonta a la abolición de los fueros en los reinos de Valencia, Aragón, Mallorca y Principado de Catalunya, por los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716. Y cristaliza con sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de junio de 2010, que invalida 14 artículos de los 187 demandados por el Partido Popular de la reforma estatutaria que había sido aprobada por los parlamentos catalán y español y ratificada por el 74 % de los catalanes que votaron (50 % del censo) en el referéndum del 18 de junio de 2006.
A dos meses del indeseado choque de trenes que podría haber sido un pactado recuento de votos, como ciudadano colombo-hispano me permito hacer una sugerencia a los presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont; a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y al mismísimo Felipe VI: releer la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes y, en especial, el Proyecto de Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias de Ultramar, presentado por cinco diputados americanos, entre ellos el cubano-español Félix Varela. El proyecto se aprueba en mayo de 1823, días antes de que los Cien mil Hijos de San Luis reinstaurasen el absolutismo de Fernando VII que clausura las Cortes y condena a muerte, entre otros, al padre Varela, quien huye a EE UU convertido en independentista radical. Se termina el Trienio liberal y abre la Década ominosa, enlazando con el Sexenio absolutista (1814-1820) conocido en Colombia por el terror impuesto, hasta 1819, por el pacificador Pablo Morillo, con el sitio de Cartagena y los fusilamientos de Policarpa Salavarrieta, Torres, Caldas y otros próceres
El frustrado proyecto de Varela, de una Confederación Hispano-Americana, fue copiado 100 años después por la Corona británica conla Commonwealth. Y podría dar luces para una solución democrática y solidaria en una España federada con vocación europea e iberoamericana. No creo que Rajoy envíe un Morillo a Barcelona. Puigdemont, Sánchez, Iglesias y Rivera tienen la palabra.
