Pocos asuntos han concitado el consenso de nuestra sociedad en los últimos tiempos como la necesidad de revisar el injusto modelo de financiación autonómico vigente. Tanto, que han sido varias las declaraciones institucionales suscritas en las Corts por todos los grupos políticos con representación, con este gobierno y con el anterior, que denuncian la discriminación financiera del Estado con la Comunitat Valenciana en materia de financiación y exigen reformar el modelo.
Los informes, muchos y de muy diversa fuente, confirman este injusto trato con nuestra Comunitat dejando poco espacio para el relato.
Con el actual modelo, recibimos unos 1.250 millones de euros anuales menos de lo que nos correspondería si percibiéramos la financiación media del resto de las comunidades de Régimen Común. Esto supone que, entre 2002 y 2016, entre infrafinanciación e intereses acumulados, nuestra Comunitat ha soportado una discriminación financiera equivalente a 19.000 millones de euros; una cantidad superior a todo el presupuesto consolidado de la Generalitat para este año 2017, que asciende a 18.916 millones de euros, o si lo prefieren, el equivalente a casi cuatro veces y media lo presupuestado en educación para este ejercicio.
Hace años que la CEV viene denunciando esta situación y no han sido pocas las veces que ha pedido a los representantes políticos de los valencianos que, aquí y en Madrid, antepongan el interés general de quienes les han votado a cualquier otro tipo de interés. Sin duda, que nuestra Comunitat perciba año tras año menos de lo que le corresponde es una cuestión de interés general.
Porque a todos nos interesa contar con un presupuesto que garantice una buena educación y una buena sanidad, unos buenos servicios sociales y asistenciales y, también, políticas que estimulen la economía, ahora que repunta, y el empleo. No hay mayor interés general.
Aludía antes al presupuesto de educación, un buen ejemplo para analizar lo que está sucediendo con la infrafinanciación. Según los últimos datos disponibles (2015), destinamos a educación el 96 % del gasto medio realizado por todas las comunidades, incluidas las de Régimen Foral. Pese a este menor gasto medio, nuestra Comunitat fue la que realizó en 2015 un mayor esfuerzo financiero en educación. Es decir, al recibir menos recursos financieros que la media, atendiendo a la importancia de este servicio público fundamental, nuestro esfuerzo estuvo por encima de la media nacional.
Si hubiéramos contado durante todos estos años con una financiación más justa, como mínimo igual a la media, nuestros presupuestos autonómicos habrían podido dedicar más recursos a educación y formación. Y si aspiramos a implantar un nuevo modelo productivo, dos de las tres palancas estratégicas sobre las que se tiene que instrumentar el tránsito -innovación, internacionalización y formación- no tendrán el mismo vigor si no contamos con una educación y formación de alta calidad. Y esto es muy importante.
Pues bien, con los informes sobre la mesa y el consenso público de la sociedad civil valenciana, y también con la falta de respuesta de quienes deben abrir las negociaciones para la reforma, los sindicatos UGT PV y CC OO PV y la CEV impulsamos el pasado mes de septiembre el Manifiesto por una financiación y unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana al que se han adherido ya más de ciento treinta entidades y más de cinco mil doscientos ciudadanos a título individual. Estas adhesiones vienen del ámbito de la empresa y la economía, de la universidad, de los sindicatos y consumidores, de la cultura y el deporte de toda la sociedad. También han respaldado el manifiesto, al igual que las anteriores declaraciones institucionales en las Corts, todos los grupos políticos con representación en la Cámara valenciana.
Como digo, no es una situación nueva. Viene de tiempo atrás, se ha mantenido con gobiernos de uno y otro color político y, de alguna manera, ha sido consentida por los valencianos durante décadas. Seguramente porque nos ha faltado lo que ahora tenemos: la voluntad de unión de la sociedad civil de nuestra Comunitat para defender intereses que son de todos y poner freno a injusticias que afectan a nuestra calidad de vida como ciudadanos y a la competitividad de nuestro territorio.
Este 'basta ya' de la sociedad valenciana encontrará su forma de expresión el próximo 18N con una marcha ciudadana por las calles de Valencia.
Y la CEV, con el acuerdo unánime de sus órganos de gobierno, se suma a esta manifestación que ambiciona unir a todos los ciudadanos de Comunitat Valenciana en una denuncia pública y una exigencia de cambio.
Por justicia y equidad, y por coherencia y responsabilidad, los empresarios de la Comunitat Valenciana encabezaremos la manifestación del 18N en la que esperamos contar con todos los que aspiramos a un presente y futuro de nuevas oportunidades para nuestro territorio, para nuestras empresas y ciudadanos.
