El pasado 10 de octubre finalizó el proceso de consulta pública de la futura Ley de Transición energética y cambio climático, cuyo objetivo fundamental es mejorar la eficiencia energética, potenciar la participación de las energías renovables y reducir las tasas de emisiones; a finales de septiembre se habían recibido más de 170 propuestas o comentarios. Es ya hora de disponer de un marco institucional único en materia de energía, que marque precios competitivos de la electricidad, evite desequilibrios financieros en el sistema energético olvidándonos del déficit de tarifa, defina y establezca adecuadas conexiones internacionales, potencie renovables, marque eficiencia energética en la construcción, transporte e iluminación y finalmente permita que nuestro país cumpla con el Acuerdo de París reduciendo el 40 % de emisiones y un ahorro energético del 27 % para 2030, comparándolo con datos de 1990. Objetivos ambiciosos que requieren un consenso político entre sectores industriales y agentes relacionados, con una clara voluntad de cambiar el modelo energético por otro más sostenible que no enfrente sectores económicos y fuentes de energía, sino fomentar su uso acorde a contribuciones y efectos medioambientales. Para este consenso, se ha constituido una comisión de 14 expertos independientes que deben elaborar un informe de base para la futura ley. Informe que debe ser respetado y apoyado con una hoja de ruta hacia el nuevo modelo energético por el que debe velar la Comisión permanente para el cambio climático del Congreso de los Diputados.
A nadie se le escapa que en todo el proceso hasta la aprobación final de la ley intervienen intereses políticos y económicos, ideológicos y financieros, que supondrán una serie de obstáculos, pero también es cierto que existen herramientas, necesidades y compromisos adquiridos para ir hacia este modelo energético de manera irreversible. Debemos pedir a todos aquellos que intervengan en esta aprobación legislativa que lo hagan buscando el interés general que merece esta estratégica ley que administrará los recursos energéticos de nuestro país.
