Es casi pornográfico ver a nuestra oligarquía política mareando la perdiz acerca de si un prófugo de la justicia puede ser nada menos que presidente de una comunidad autónoma; cuando a los ciudadanos de a pie para ser barrendero del último pueblo de España nos exigen hasta inglés, e incluso para poder pernoctar en un hotel no puedes tener una búsqueda y captura como Carles Puigdemont, pues después de hacer el checking seguramente se presentará la pareja a detenernos.

Pero he aquí una vez más nuestro surrealismo patrio y el insoportable mal de altura que padecen nuestros actuales gobernantes, que hasta hace poco pontificaban muy dignos si hay que dimitir al simplemente ser imputado... Y ahora, sin embargo, dudan, en muchos partidos, si siendo forajido -por delitos que podrían ser penados con más de 30 años de trena- sin embargo, es discutible si puedes ser candidato a presidir Catalunya. Es por esto que esta grey que sólo sabe defender con descaro sus escandalosos privilegios frente a los ciudadanos contribuyentes, no es de extrañar que al unisono, hayan abandonado a más de 300.000 españoles, los accionistas del Popular que el año pasado, de golpe y porrazo, con nocturnidad y alevosía, vieron como volaban sus ahorros depositados en este tradicional banco.

Porque a estos arruinados del Popular toda la oligarquía política los ha traicionado para seguir incesantes, como vemos en el escandaloso episodio de Puigdemont, en sus sórdidos asuntos de presentarnos al fin como respetable la delincuencia cuando esta es practicada por un político. Al fin y al cabo, parafraseando a Scorsese, «uno de los nuestros». Fuera caretas, entonces, de ninguna regeneración politica: ni esperable de los viejos ni de los nuevos partidos, pues todos al unísono -demostrando una vez más quien manda en España, de veras- ni han dicho que está boca es mia sobre este cruel escándalo de los arruinados del Popular. Una cosa era atacar a una Bankia caída en desgracia, para defender a sus accionistas, y otra muy distinta fajarse contra el rey en la sombra.

Por ello, y una vez más, sólo queda apelar a la justicia, poder del Estado muy criticado, pero que de seguro será el único que les devolverá sus ahorros a estos afectados del Popular -como ha hecho ya en tantos otros casos anteriores. Pues a nuestra oligarquía política: ni esta ni se le espera en este tan injusto caso. Como vemos, siempre están ocupados en asuntos más importantes que defender a 300.000 españoles.