01 de marzo de 2018
01.03.2018

Por una asistencia a dependientes realista

01.03.2018 | 00:24
Por una asistencia a dependientes realista

El área de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana trabaja en varios escenarios. Por un lado, la ley marco de servicios sociales inclusivos, que según los dirigentes políticos es la cuarta pata del estado del bienestar en la Comunitat Valenciana. A ello hay que añadir la oferta de servicios sociales a las personas dependientes. Pero? ¿qué más se puede hacer en materia de bienestar social? Echo en falta una estrategia bien articulada y realista, con un amplio soporte socio-político que permita afrontar los serios problemas a los que se enfrenta la Comunitat en una cuestión socialmente tan sensible.

¿Queremos contribuir al cambio de modelo económico que tanto necesita este territorio? Pues demos una respuesta eficaz a estos problemas. Ello llevará implícita una fuerza fundamental de desarrollo económico, creación de empleo de calidad y despliegue de capacidades humanas, tecnológicas y empresariales susceptibles de contribuir al cambio de modelo económico que tanto necesita este territorio.

La política de servicios asistenciales a las personas dependientes constituye una política de marcado carácter estructural y, por tanto, de largo plazo. Es de largo plazo porque conlleva tiempo crear las capacidades que permiten ofrecer servicios adecuados y suficientes a un colectivo insuficientemente asistido en la actualidad. Tiempo para llevar a cabo las inversiones necesarias; tiempo para el aprendizaje adecuado para desarrollar las prestaciones en cantidad y calidad; tiempo para diseñar el marco institucional que genere los incentivos y procedimientos necesarios para atraer los recursos adecuados; y tiempo para crear el sistema público de seguimiento y evaluación de la gestión que impulse un sistema de prestación de servicios de calidad e innovador. Sin esto, la inclusividad sustantiva que la ley pretende para las personas dependientes no será más que un deseo, no una realidad, con la frustración social consiguiente y el descrédito de los políticos e instituciones responsables.

¿Por qué es tan importante y urgente diseñar, articular e implementar una estrategia que garantice la oferta de servicios a las personas dependientes? En primer lugar, porque ya en este momento la oferta residencial es insuficiente en la Comunitat Valenciana. Con una ratio de 2,91 plazas por 100 personas mayores de 65 años, la valenciana se sitúa en la cola de oferta entre las comunidades españolas, sólo por delante de Canarias, Murcia y Ceuta. Dicha cantidad contrasta con la media nacional, de 4,19 plazas por 100 mayores de 65 años, y las cinco plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para alcanzar la ratio nacional se necesitan crear 11.700 plazas, 19.100 si se quiere cumplir con la recomendación de la OMS. En segundo término, porque España, y con ella la Comunitat Valenciana, es uno de los países con mayor tendencia al envejecimiento y mayor propensión a la longevidad, con la consiguiente aceleración de los problemas de índole cognitivo que ello comporta y la necesidad de una atención profesional adecuada, fuera del ámbito familiar. Si a las necesidades actuales se añade el crecimiento de la demanda que este último fenómeno genera, resulta evidente que la oferta de plazas residenciales deberá crecer de forma considerable en los próximos años.

Un crecimiento de tal magnitud no puede improvisarse: hay que duplicar la oferta actual en la próxima década, llevar a cabo una inversión de algunos miles de millones de euros y generar los recursos humanos, gerenciales y tecnológicos necesarios para garantizar un servicio de calidad. Pero esto no es todo en lo que respecta a las necesidades inversoras. Una parte importante del parque residencial de propiedad pública sufre el problema de la antigüedad, degradación y obsolescencia, ante la necesidad de una profunda acción de rehabilitación y modernización.
Ante este cúmulo de necesidades, ¿con qué nos encontramos a la hora de generar la oferta necesaria para garantizar un sistema de servicios sociales realmente inclusivo? En primer lugar, con una administración pública, la valenciana, altamente endeudada y con escasa capacidad de endeudamiento futuro. En segundo término, la reducción de la tasa de crecimiento por cambio de ciclo económico y política monetaria más restrictiva, lo que reduce la capacidad de financiación pública de nuevas inversiones. En tercer lugar, una necesidad muy significativa de inversión pública, hasta ahora pospuesta en otros sectores no menos relevantes como la educación, la sanidad, la I+D o infraestructuras estratégicas. Por último, contamos con una administración pública competente en esta área muy mermada de recursos, experiencia y conocimientos para generar y gestionar una nueva oferta de 25.000 plazas. A todo lo cual hay que unir el sensible incremento del presupuesto en gasto asistencial (gasto corriente) que una política de servicios sociales inclusiva requiere.

Si no se quiere que la nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos se quede en promesas incumplidas, habrá que buscar nuevas iniciativas para la creación del sistema capaz de satisfacer las crecientes necesidades, perfectamente previsibles, que aparecerán en los próximos años. Pero para que esta iniciativa se active es necesario gestar el marco institucional y de relaciones público-privadas que la fomente. Es por ello que generar un espacio de diálogo y concertación entre Administraciones, partidos y actores sociales y empresariales resulta de fundamental importancia. Pero esto apremia, ya que las necesidades están ahí, y los logros del largo plazo sólo son posibles actuando de forma clara y decidida en el corto plazo.

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