10 de marzo de 2018
10.03.2018

Puerto Mediterráneo y la cultura del centro comercial

10.03.2018 | 04:15
Puerto Mediterráneo y la cultura del centro comercial

En los años setenta apenas habíamos oído hablar en España de centros comerciales tal como hoy los conocemos, fuera de la raíz de la ciudad, muy diferentes de las galerías urbanas que sí eran conocidas por nuestros padres y abuelos. Hoy los hay por todas partes. Es en Norteamérica donde se generó esta cultura de carácter suburbano por la extensión de las autopistas, como señala Jeremy Rifkin en La era del acceso. El primer centro comercial de carácter abierto se creó en Kansas City en 1924, y sirvió de modelo a los que se extendieron tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy se encuentran allí en retroceso, en parte por el uso de internet para las compras. Aquí, nuestro retraso en acogerlos no nos ha servido para prevenir sus efectos.

Los centros comerciales acogen actividades festivas y recreativas tradicionalmente asociadas a la plaza pública, convirtiéndolas en una mercancía a la venta. Son espacios privados, con sus propias normas, aunque tratan de imitar formalmente a los espacios públicos. A mediados de los ochenta, cuenta Rifkin, los adolescentes ya pasaban más tiempo en ellos que en cualquier otro lugar a excepción de su casa y su escuela.
Puerto Mediterráneo, en Paterna, se presentó como un gran centro comercial y de ocio que inició su polémica tramitación en 2014 y actualmente está en pleno ritual de seducción ante los gobiernos del cambio 2015, superados los primeros desaires que éstos dispensaron al grupo inversor.
Hace poco, Emili Piera se refería al conflicto: «Cuando los de Puerto Mediterráneo vieron que su 'shopping resort' no colaba, lo convirtieron en una 'smartcity'». Desde la Administración se exige ahora que el nuevo proyecto cumpla la ley para superar el examen, y Piera apuntaba que cumplido ese requisito, obvio por otra parte, hay que analizar su oportunidad, efectos secundarios, y su impacto en el entorno€ ¿Y eso qué significa?

La actual legislación urbanística (en revisión) contempla soluciones de excepción para acoger esos proyectos imprevisibles que casi siempre se promocionan como grandes oportunidades para paliar el desempleo, cuando en realidad lo que provocan es una redistribución de las ventas que afectan negativamente a otros espacios comerciales. Puerto Mediterráneo se acogió a una solución de excepción, las ATE (Actuaciones Territoriales Estratégicas), un invento del PP para acelerar la tramitación sorteando molestos requisitos de participación y de evaluación ambiental. Leas Corts Valencianes han propuesto recientemente por mayoría la eliminación de esta opción (ver el artículo ATE: Urbanisme d´excepció, publicado por Vicente Torres, del colectivo Terra Crítica, en Levante-EMV el 17 de abril de 2016).

En unos momentos en que se cuestiona el urbanismo extensivo, dependiente del uso del coche y que consume sin demasiadas contemplaciones grandes zonas agrícolas o forestales, no parece muy razonable apostar por este tipo de iniciativas. El economista Enric Llarch sugería hace un tiempo que quizás su gran objetivo sea la promoción inmobiliaria en nuevas urbanizaciones periféricas.

Me temo que en el caso de Paterna se ha llegado tarde y mal a un momento administrativo en que parece difícil la vuelta atrás para cualquiera de las dos partes. En vez de estar a verlas venir, haría bien nuestra Administración autonómica en tomar la iniciativa y la hegemonía pública en la gestión del territorio, ordenando la participación del sector privado al servicio de los intereses generales, justo al revés de como ha venido sucediendo. Así lo expresamos en 2016 Carles Dolç, Fernando Gaja, Vicent Torres y yo mismo en el foro participativo Espai Territori promovido por la Conselleria de Política Territorial (el departamento tiene un nombre más largo). Nos referíamos a la nueva eEconomía del bien común, y en ese marco la política territorial y su escala urbana constituyen la herramienta idónea para dar prioridad al bienestar de la gente frente a la ganancia económica privada.

Así que en el caso de Puerto Mediterráneo u otros en marcha, como la segunda edición de la ZAL portuaria, el requisito de evaluación ambiental en su sentido más amplio (económico, social, paisajístico, movilidad, afección a los recursos naturales€) resulta imprescindible. La preocupación ecológica, inseparable de la protección social, ha de estar presente de manera transversal en todas las políticas sectoriales de la Administración, no basta con que exista un departamento dedicado a la gestión del medio ambiente.

Se trata, por tanto, de atraer la inversión privada hacia proyectos rentables para la sociedad y respetuosas con el medio ambiente como, pongamos por caso, las energías renovables o la regeneración paisajística, la rehabilitación de viviendas o de espacios públicos en las ciudades. Si a esas iniciativas privadas añadimos una apuesta decidida por las inversiones públicas en la misma dirección, nuestro país puede alcanzar en algún momento un nivel de bienestar social y protección del territorio que nos haga olvidar, en parte, la etapa de destrucción que ha ido acompañada del saqueo de las arcas públicas y el empobrecimiento de amplios sectores de población.

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