Si bien podíamos pensar que el poder suele revestirse de toda clase de lujos y privilegios -si no, ¿qué gracia tiene llegar o alcanzar el poder político?- lo cierto es que hoy vivimos en una curiosa pulsión según la cual una importante parte de la ciudadanía, sobre todo la juventud -y más en España a partir del 15M- sin duda exige a sus representantes políticos que se desposean o desnuden de sus múltiples oropeles y mamandurrias.

Precisamente la juventud con más estudios y tal vez la que ha gozado de una vida más comoda de todas las conocidas hasta el presente, ha venido a poner orden en esta cuestión esencial y a exigir que la figura del cargo público vuelva a tener el sentido originario, al menos en una democracia digna de tal nombre: cargo, que no privilegio público. Por eso sorprende que partidos políticos que presumen de haberse creado o de haber recogido las enseñanzas de aquellas multitudinarias tomas de plazas en la primavera de 2011 estén ahora alineados en la equidistancia o en la defensa de los más rancios y deleznables privilegios o bulas que en este momento exhiben sin rebozo los políticos independentistas catalanes.

Políticos que ahora por primera vez, cuando son perseguidos por saltarse a la torera todas las leyes habidas y por haber -las autonómicas, las estatales y las europeas- se preocupan de la independencia o de su falta en la justicia. Que pretenden decidir por manifestaciones o votaciones parlamentarias quién tiene que salir de prisión. O que veneran a su president o expresident con mayor histeria e irracionalidad que cualquier monárquico a su rey. Pues de esto, precisa y sencillamente, se trata: de postular que los cargos públicos catalanes de partidos independentistas -con su caudillo Puigdemont a la cabeza- pueden vulnerar todas las leyes y reglamentos que ordenan y limitan ex profeso su poder. Que en dicha empresa, además, pueden usar a su antojo el dinero público -es decir, el de todos, independentistas o no- y que para frenar esto los jueces y tribunales no pueden actuar, o que han de actuar según indiquen los propios infractores o sus seguidores. Ni todos los votos del mundo, como fácilmente se comprenderá, pueden justificar esto. Al menos en una democracia digna de tal nombre. Por eso, desde esta tribuna apelamos a cualquiera que se sienta demócrata -y por supuesto progresista- para que claramente se posicione contra esta casta política que se dice republicana e independentista y que sin embargo defiende en Cataluña, y sin ambages, los más reaccionarios y rancios privilegios y la derogación de cualquier separación o control de los poderes públicos.

Hoy lo demócrata y progresista en España es defender la igualdad de todos ante la ley y los tribunales de justicia, que con todas sus imperfecciones, sin duda, como está ocurriendo también en la persecución de la corrupción politica y de los desmanes de los bancos para con sus clientes, son el único poder del Estado clásico que efectivamente está sacando las castañas del fuego a los españoles. Por eso basta de defender los desmanes y privilegios que para si pretenden políticos que se consideran, sin embargo, rebeldes, republicanos o progresistas, y que lo único que en realidad pretenden es fundar una medieval dictadura en donde la ley sea lo que en cada momento dicte su capricho, el dinero público o de todos el que ha de sufragar esa injusticia y su líder, una mezcla de papa y caudillo, a la par providencial e infalible. Líbrenos Dios. Nada más alejado, desde luego, de la letra y el espíritu del 15M.