El pasado jueves, Levante EMV abría su portada con un titular a cinco columnas sobre la sentencia que obliga a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al pago de la ayuda de dependencia a una mujer que falleció sin tener resuelto su PIA. Se trata de un nuevo fallo judicial que incide en la doctrina asentada por el pleno de lo Contencioso-administrativo del TSJ valenciano en 2014, cuando unificó su jurisprudencia.
Con buen criterio, se dibujó una vía de reclamación de responsabilidad patrimonial para este tipo de contenciosos, dando una salida a las insistentes demandas de la dependencia, que posteriormente fue completada por el reconocimiento del silencio administrativo positivo en dichos procedimientos. Así, quedaba configurada toda una base legal con la que se pretendía salvaguardar los intereses de los dependientes y sus familias aunque, por desgracia, la Administración valenciana sigue sin acatarla.
De este modo, aquellos que en el pasado se enfundaban en camisetas reivindicativas, denunciando las políticas del PP valenciano, ahora que están en las instituciones, parece que visten con traje de chaqueta y se han olvidado de sus compromisos. Es más, este mismo jueves dichos partidos se unían en el Congreso para criticar los recortes de Mariano Rajoy en dependencia, aunque cuando tienen responsabilidades de gobierno en sus respectivas autonomías, mantienen las mismas políticas y criterios que sus antecesores.
El Govern del Botànic no puede seguir excusándose en la falta financiación o el colapso heredado, ya que todo eso lo conocían cuando en elecciones prometieron grandes cambios. Y entiéndase bien la crítica que estoy haciendo en este punto, que nada tiene que ver con los posibles retrasos en el pago de las ayudas, las listas de espera para acceder a servicios de dependencia o los problemas presupuestarios, circunstancias que conocemos y asumimos. La cuestión es que todavía, a día de hoy, la consellería se resiste a admitir esa consolidada jurisprudencia del TSJ, empleando para ello los mismos argumentos que utilizaban los populares, y que tanto criticaron. Esta situación obliga a los ciudadanos a seguir embarcándose en procedimientos judiciales largos y costosos. Unos ciudadanos que sufragaron durante 3, 4 y 5 años los gastos de tener un familiar con dependencia, ante el silencio y desatención de la Administración. Y parece que tampoco es argumento el hecho de que haya que priorizar a los dependientes vivos.
Desgraciadamente, y como parece que está pasando en muchos otros ámbitos, la sentencia con la que hemos abierto este artículo confirma que la justicia cumple con sus obligaciones, mientras que son los políticos quienes vuelven a engañarnos.
