El 1 de Mayo, fecha destacada en nuestro calendario por conmemorar y celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, se ha consolidado como una jornada centrada en la promoción del respeto a los derechos de las personas empleadas en todo el mundo. En esta fecha se presta especial atención a una cuestión que los sindicatos reivindicamos cada día: la dignidad laboral, que quien desempeña una labor profesional lo haga en unas condiciones y con unas retribuciones que le permitan desarrollar un proyecto de vida.
Esta jornada también sirve para hacer balance. Permite llevar a cabo una retrospectiva sobre aquellas mejoras conseguidas en los últimos años y sobre las que faltan por alcanzar y resultan acuciantes. Del mismo modo, nos induce a fijarnos en la situación actual. En cómo estamos. Y no hace falta realizar un estudio demasiado minucioso para concluir que, en bastantes aspectos, hemos empeorado.
La crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI y del inicio de la segunda ha marcado un antes y un después. Hundió el mercado laboral y destruyó millones de empleos. En la Comunidad Valenciana la Encuesta de Población Activa (EPA) de octubre de 2012 reflejaba que 702.000 valencianos carecían de trabajo. La tasa de desempleo rondaba el 30%. Desde entonces la situación ha mejorado. Hace meses que ha descendido del medio millón el número total de ciudadanos desempleados en la Comunidad Valenciana, lo cual, no obstante, supone un dato alarmante y un drama para todas las familias afectadas.
Si la creación de empleo ha progresado, no puede señalarse que el poder adquisitivo de los valencianos haya corrido una suerte paralela. Los empleados públicos, por ejemplo, tras los continuos recortes sufridos, han visto cómo su capacidad de compra descendía hasta un 20% en la última década. En ese mismo periodo también han sufrido una sobrecarga laboral debido a la falta de reposición de vacantes y jubilaciones. Los acuerdos alcanzados a nivel estatal y la convocatoria de oposiciones permiten anticipar un avance para contrarrestar estas situaciones, aunque aún queda mucho por mejorar.
En la empresa privada se multiplican los contratos precarios, tanto en lo que se refiere a extensión temporal como a remuneración. Y el panorama para los trabajadores que se retiran no es halagüeño. La pensión media de jubilación en la Comunidad Valenciana, según dio a conocer el Ministerio de Empleo la pasada semana, es de 955 euros mensuales. No llega a los mil euros a pesar del encarecimiento constante del precio de los alimentos básicos, de la vivienda o de los servicios públicos.
Ante este panorama se requiere una acción decidida y útil, una defensa de los trabajadores independiente y profesional. Llevamos tiempo insistiendo a los responsables políticos en que prioricen, por encima de cualquier interés de partido o electoral, la creación de empleo y que los puestos que se generen sean de calidad. No vale apelar a datos de descenso de desempleo si reflejan una realidad de puestos temporales y precarios.
También exigimos igualdad en la defensa de los intereses de los trabajadores. El Consell se aferra a una ley de participación institucional obsoleta, en la que cuenta únicamente con dos sindicatos de clase, y desdeña, por ejemplo, la creciente representación de CSIF, tercera fuerza sindical de la Comunidad Valenciana en número de delegados, y la aportación de otros sindicatos. Una situación similar se ha producido en la configuración de la Mesa del Sector Público Instrumental Valenciano, para la que el Consell ha decidido, de manera unilateral, dialogar con únicamente tres sindicatos.
La defensa del trabajador, la reivindicación de su dignidad laboral, parte de una premisa básica: la igualdad de oportunidades, fundamental en nuestra sociedad democrática. Sobre ese cimiento hemos de aportar todos, desde los diferentes partidos políticos hasta los actores más representativos de la sociedad civil, por recuperar la senda del progreso y del bienestar. Siempre con la premisa de la utilidad, de anteponer el interés de los trabajadores.
