04 de julio de 2018
04.07.2018

Ante un posible cambio constitucional

Si ahora se quiere reformar la Constitución, o según algunos cambiarla por una nueva para hacer tabla rasa con el espíritu de la Transición, sepamos claramente si pretenden eliminar la provincia y su diputación para hacer aún más fuertes lo que ellos llaman naciones. Estaremos asistiendo al último acto de España como nación multisecular y europea.

04.07.2018 | 04:15
Ante un posible cambio constitucional

El verano de 1977 lo pasé en Madrid ocupado en la redacción de la Constitución que iba a transformar España en un Estado democrático y de derecho. Era senador constituyente por la UCD. Tuve que pelear mucho, junto a mis compañeros de partido, para impedir que se suprimieran las provincias y por consiguiente las diputaciones como algunos partidos de izquierda pretendieron. Querían cambiar las provincias, que se pusieron en marcha por el Estado liberal a principios del siglo XIX, por las comarcas y veguerías. Esta pretensión fue una obsesión de la izquierda nacionalista catalana y de algunos sectores de la entonces Convergència dels catalans, el partido de Jordi Pujol. Pero no lo consiguieron y hoy, afortunadamente, la provincia, y su órgano de gobierno que es la diputación, está consagrada en el título VIII de la Constitución. Los nacionalistas ya eran entonces reputados mercantilistas de su voto, que cambiaban por ingentes inversiones del Estado en su comunidad autónoma. Pero gracias a la firmeza de la UCD, por ahí no se pasó y la provincia se consagró para siempre en la Constitución de 1978.
Pasados casi cuarenta años de estos hechos, en la toma de posesión del actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, me quedé asombrado cuando todos los portavoces de los partidos de la oposición, PSOE, Compromís, Podemos e incluso Ciudadanos, manifestaron en sus discursos su intención de suprimir las diputaciones, paradójicamente en la sede del propio gobierno provincial. Dijeron entonces que querían cambiarla por las comarcas. Ahora, dentro de esa locura que es el procés en Cataluña, también se quiere eliminar las diputaciones y cambiarlas por las comarcas. Esto ocurre en tierras vecinas. Pero aquí, en la Comunitat Valenciana, el president Ximo Puig también quiere comarcas, quizá para colocar más cargos públicos, más asesores y más coches oficiales.

Nuestra Constitución de 1978 ha sido muy benigna para España. Nos ha llevado a las más altas cotas de bienestar y libertad nunca conocidas por el pueblo español. Pero después de casi medio siglo de su promulgación, me pregunto si el Estado autonómico ha fallado por exageración desmedida generando más administración, un monstruo burocrático sin parangón en Europa y excesos de todo tipo. La Generalitat Valenciana es un ejemplo. Su presupuesto multimillonario de euros lo consumen, al noventa por ciento, la sanidad y la educación, sectores tan manoseados para la manipulación política. El resto, un exiguo diez por ciento, se lo reparten el resto de departamentos. Puig y sus socios nacionalistas se han lanzado a la cruzada para exigir más fondos en la financiación autonómica. Y sabe que su jefe, Pedro Sánchez, no se los puede dar. Si lo hace, aquí y en todas las comunidades quebrará el sistema y Europa no lo va a permitir. En este contexto, por lo menos es fundamental garantizar la financiación del sistema de salud. No podemos permitir que ahora hay 63.000 valencianos en las listas de espera y se reabra la televisión valenciana.

Además, querer suprimir las diputaciones sería un error mayúsculo. En mi etapa como primer presidente democrático de la corporación provincial actuamos en ámbitos como los deportes, el turismo, la sanidad, medio ambiente, agricultura y las obras públicas. Todo ello quedó reflejado en el libro La Diputación Provincial de Castellón al servicio de la provincia (1979-1983). Pusimos en marcha el Museo de Bellas Artes en la calle Caballeros, Penyeta Roja se convirtió en un centro de referencia para educación especial y la antigua granja fue también para los jóvenes necesitados de una educación especial. Se construyeron nuevas pistas deportivas, piscinas y pabellones polideportivos. Pero sin duda, lo que más orgullo me produce es haber impulsado la ampliación del Hospital Provincial, con el pabellón de psiquiatría y la puesta en marcha de la unidad oncológica que tanto bien ha hecho a los ciudadanos de la provincia.

La diputación, sin olvidar nunca la cooperación con los municipios, fue capaz de poner en marcha el nuevo campus de Castellón que desde el Colegio Universitario ha sido la base sobre la que se desarrolló la Universitat Jaume I.

Los ciudadanos, especialmente los vecinos de los pueblos más pequeños, valoran el papel de la diputación. Según los estudios de opinión, dos de cada tres ciudadanos valoran el papel de las corporaciones provinciales y eso que esta institución ha sufrido una injusta campaña negativa en los últimos tiempos para ocultar lo que pasa en las comunidades autónomas, verdadera fuente de derroche público. Si ahora se quiere reformar la Constitución, o según algunos cambiarla por una nueva para hacer tabla rasa con el espíritu de la Transición, sepamos claramente si pretenden eliminar la provincia y su diputación para hacer aún más fuertes lo que ellos llaman naciones. Estaremos asistiendo al último acto de España como nación multisecular y europea. Veamos, pues, lo que se va a hacer.

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