En el final de la actual legislatura autonómica parecen evidentes las deficiencias de la gestión del Consell presidido por Ximo Puig. Son notorias las de aquellas consellerías que han sido gestionadas por Compromís, que ha demostrado tanta habilidad para la oposición al Partido Popular, como ineptitud para gobernar.

Como muestra un botón. Una promesa-estrella del programa común del Pacto del Botánic era acabar en esta legislatura con los barracones donde miles de escolares valencianos reciben su educación obligatoria, producto de la pésima gestión en la construcción de nuevas escuelas del gobierno del PP. Sin embargo, la consellería de Educación, de la que es titular Vicent Marzà -miembro de Compromís- en más de tres años sólo ha conseguido que de estos miles de escolares sólo el 20 % tenga edificios escolares dignos. Magro resultado.

Sin duda en el Consell ha habido excelentes consellers como el de Hacienda, el socialista Vicent Soler. Al contrario que la también socialista Carmen Montón, que tal vez como ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez tenga una segunda oportunidad en su vida pública para mostrar las cualidades como gestora, que a los valencianos con tanto celo nos ha ocultado en estos tres años. De todo ello y del resto de sus consellers responderá el president ante el pueblo valenciano en diez meses.

Sin duda, la honestidad ha sido un activo de la gestión de esta etapa en nuestra comunidad, gobernada en casi todas sus instituciones importantes por la coalición PSPV-Compromís. Lamentablemente, esta merecida imagen de honradez en lo público ha sido dañada, al menos mediáticamente, por la detención, el 27 de junio, del socialista Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, junto con cinco colaboradores, entre ellos los dos cogerentes de Divalterra -antes llamada Imelsa- Xavier Simón, del PSPV, y Agustina Brines, de Compromís.

En esa jornada vertiginosa, sobre las 6 de la tarde el secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Abalos, declaró que Rodríguez debía ser suspendido de todos sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE, y esa misma noche la Ejecutiva del PSPV adoptaba esa decisión, que dio a conocer mediante un comunicado. Ante un asunto de esta gravedad, lo lógico es que la hubiera dado a conocer la decisión el portavoz de la Ejecutiva en comparecencia pública ante los medios de comunicación, pero se daba la circunstancia que el susodicho portavoz era Rodríguez, que a esas horas estaba en el calabozo, desde donde debe ser difícil dar una rueda de prensa. Pocos días después dimitía como presidente de la Diputación, aunque no como alcalde de Ontinyent.

Sobre un tema en el que a día de hoy persiste el secreto del sumario poco cabe añadir. Pero sin duda, si Rodríguez, cuando fue elegido presidente de la Diputación, hubiera llevado a cabo lo que según se cuenta fue su primera intención, disolver Imelsa, él y su partido se habrían ahorrado muchos disgustos. Pero no lo hizo. Pensó que cambiando el nombre de Imelsa a Divalterra se cambiaba la sustancia de lo que había sido con Alfonso Rus, una fuente de clientelismo en el mejor de los casos, y muy probablemente de graves delitos. Los cambios de nombre de las cosas no cambian su sustancia. El presidente Puig no tenía ninguna responsabilidad institucional, obviamente, en la diputación, pero al mismo tiempo era secretario general del PSPV, y cabe dentro de lo razonable suponer que si le hubiera sugerido a Rodríguez que disolviera Imelsa, éste habría obrado en consecuencia.

El principal argumento que se aduce para no haber disuelto Imelsa, ni hacerlo ahora, es los problemas de los 600 brigadistas, trabajadores de esta empresa, dedicados a la lucha contra los incendios forestales. Pero si fue legalmente posible integrar a los 1200 trabajadores de Ribera Salud -que estaban contratados en una empresa privada- en Sanidad, no alcanzo a comprender por qué a estos sacrificados trabajadores no se le puede incorporar como laborales en la plantilla de la diputación.

Estas sombras en la etapa de gobiernos de izquierdas coligados no creo que supongan su final al año que viene, al menos en la Generalitat. Por tanto, creo que Puig volverá a ser president. Casi seguro no como o lo fue en su primera etapa: esta vez será el candidato más votado. La previsible nivelación en votos de los dos partidos de laderecha -PP y Cs- le facilitará serlo, además de que es previsible que incremente el exiguo 20,3 % que obtuvo en las últimas elecciones. Y no creo que el pueblo valenciano, después de haber soportado 20 años de despilfarro y presuntas corrupciones del Partido Popular, se merezca a la televisiva y liviana Mónica Oltra de presidenta.