València estuvo durante muchos años metida en un profundo pozo. O mejor, muchos pozos: corrupción, autoritarismo, precariedad en los servicios€ Salir de ellos no es fácil. Cuesta mucho esfuerzo. Requiere de mucho trabajo compartido por todas las concejalías del Ayuntamiento, por los equipos de profesionales públicos y también por la ciudadanía. Pero al final vamos viendo la luz en muchos aspectos: la reputación de la ciudad ha dado un giro de 180 grados gracias a la actual transparencia; el diálogo con la ciudadanía se ha recuperado (¿habrá que recordar que los anteriores gestores incluso prohibieron las concentraciones ciudadanas en la plaza del Ayuntamiento o en la plaza de la Virgen?); a pesar de las telarañas que encontramos en las arcas públicas se han priorizado las inversiones que importan (47% del presupuesto en servicios sociales, aumento del 17 % del presupuesto de limpieza, etc.)€ Y hemos salido del pozo económico en que nos metió la derecha.

València era la última gran ciudad española que quedaba dentro del Plan de Ajuste económico, una suerte de intervención por parte del Gobierno. Y ha sido con el Govern de la Nau que salimos del agujero. Desde principio de mandato tuve muy claro que un objetivo prioritario era dejar el lastre que suponía estar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, sin tener la autonomía suficiente para decidir plenamente sobre nuestras inversiones. Era un doble castigo, pues el mismo partido que nos dejó caer en la más absoluta precariedad económica en el Ayuntamiento -el PP- luego nos penalizaba desde el Gobierno central por ello.

Pero hemos salido. Y lo hemos hecho 4 años antes de lo previsto, pues el Plan de Ajuste aceptado por el anterior gobierno municipal en 2012 asumía una condena de 10 años de tutela: toda una hipoteca a futuro para los valencianos y valencianas. Estos días me han preguntado por la fórmula «mágica» para hacerlo posible y no me canso de repetirlo: una buena gestión económica, reduciendo la deuda a la mitad en solo 3 años, pagando a los proveedores del Ayuntamiento cuando toca€ y por supuesto, no robando ni despilfarrando.

El origen de esta historia de terror empezó precisamente en 2012. En mayo de aquel año, el Ayuntamiento de València llegó a endeudarnos a todos los valencianos en la cota máxima jamás vivida: 1.046 millones de euros. A finales de aquel año, la deuda suponía un 135 % del presupuesto municipal. Ni para pipas, habían dejado.

Frente a ello, en el período 2015-2018 hemos puesto en marcha un Plan de Reducción de Deuda, con el que hemos mejorado todas las previsiones. Así, acabaremos 2018 con una deuda de 446 millones de euros (un 52,7 % respecto a los ingresos totales del último año liquidado, en este caso 2017).

Por otra parte, el periodo medio de pago a proveedores durante el año 2017 ha sido de una media de 2,1 días. Un dato del que podemos sacar pecho frente a los casi 60 días de PMP que se acumularon en las etapas del PP. Es decir, cumplimos ampliamente el plazo máximo establecido por la normativa sobre morosidad. Y además, cabe no perderlo de vista, promovemos así la dinamización de la economía local. Porque para un pequeño proveedor, pongamos por caso un autónomo o una pequeña empresa valenciana, no es lo mismo que la administración le deba durante meses el pago por cualquier servicio realizado, a que le pague con prontitud.

Al mismo tiempo que reducimos la deuda, en vez de destinarlo todo a los bancos, priorizamos los recursos para realizar inversiones productivas, gastos destinados al bienestar de la ciudadanía y sobre todo a crear ocupación de calidad en nuestra ciudad. Una vez fuera del Plan de Ajuste, en este mismo 2019 contaremos ya con más de 10 millones de euros más en el presupuesto municipal, por no tener que hacer frente ni a amortizaciones ni a intereses de deuda.

Recuperamos, por lo tanto, autonomía financiera. Y, por qué no, también recuperamos orgullo de ciudad. El municipalismo, sin duda, cobra fuerza en las ciudades del siglo XXI. No volveremos a aguantar amenazas como la propinada hace unos meses por el exministro popular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que nos conminó a cerrar la Empresa Municipal de Transportes (EMT) precisamente por las deudas del PP. Esa es la clase de dirigentes que no quiere la ciudadanía: políticos que creen mecerse en un trono desde el que pueden hacer y deshacer sin preocuparse de las consecuencias que eso tenga para el día a día de la gente. Frente a ellos, continuaremos con ahínco defendiendo los intereses de los valencianos y valencianas.