El último informe del Tribunal Europeo de Cuentas sobre la Directiva Europea de Inundaciones del año 2007, que se ha hecho público estos días y está disponible en su web, surgen dos reflexiones principales y una serie de comentarios sobre su contenido. Las reflexiones: menos mal que España forma parte de la UE, también en materia ambiental y qué envidia sana produce comprobar que Europa se toma muy en serio la aplicación de sus directivas ambientales, evaluándolas y auditándolas regularmente. Ojalá se aplicasen esos mismos filtros, rigurosos, en nuestro país y sobre todo en las Comunidades Autónomas, que son las que tienen competencias en material ambiental y territorial, para comprobar la efectividad de las innumerables leyes que van promulgando en esta materia y que a veces no se cumplen o lo hacen muy parcialmente. El informe del Tribunal Europeo de Cuentas señala los principales logros alcanzados por la aplicación de esta Directiva: identificación de áreas de elevado riesgo, creación de un banco de datos cartográfico europeo de inundaciones, aprobación de planes de gestión del riesgo de inundación desde la ordenación del territorio. Pero el informe también denuncia la necesidad de mejorar los análisis coste-beneficio en la asignación de proyectos para la reducción del riesgo y el retraso que llevan algunos países en el desarrollo de los preceptos de la Directiva. Se indica, por último, la necesidad de actualizar las cartografías de riesgo a partir de los datos que vaya proporcionando el proceso de calentamiento global en el espacio europeo. Lo dicho, menos mal que estamos en la Unión Europea en materia ambiental.
